Arraiján y la justicia

El Municipio de Arraiján atraviesa su peor crisis administrativa en los 163 año que lleva de fundado. Pese a sus ventajas comparativas, con una población de 300 mil moradores que lo hace el más poblado del oeste y de varias provincias, con el más alto presupuesto de la región y dueño de un posición privilegiada que nos convierte en la antesala del distrito capital, muestra un rezago vergonzoso.

La situación decadente de Arraiján, recrudecida en los últimos cuatro años, es producto de una administración apática a la solución de sus problemas más apremiantes y a las adversidades latentes que pudieran superarse solo con un poco de buena voluntad.

El corolario de esta situación desafortunada por la que atraviesa Arraiján, se ha intensificado en los últimos meses, cuando los funcionarios han dejado de percibir sus salarios, incluyendo XIII Mes, se ha suspendido el servicio de combustible a la flota vehicular, las ocho juntas comunales han estado al borde del cierre, al no contar con dinero para encarar los compromisos y las facilidades que otrora daban los proveedores se han minimizado.

Todo ello conduce a que el principal problema de la comuna arraijaneña es el económico y la razón de ser de esa situación es su administración a cargo del alcalde Pedro Sánchez Moró, quien, luego de auditorías realizadas por la Contraloría, fue encontrado culpable por el delito de peculado y condenado a siete años de prisión, una pena de la que no ha pagado ni un segundo y que al no separársele, le ha permitido mantenerse en el cargo disfrutando de sus privilegios, mientras el pueblo y los funcionarios municipales languidecen. La Justicia tardía no es justicia, como tampoco lo es cuando las penas impuestas no se cumplen.

La situación más reciente que se da en este distrito del oeste, es que, en virtud de una denuncia presentada por la vicealcaldesa, Mily Palma, contra el alcalde Pedro Sánchez, el pleno de la Corte Suprema de Justicia confirmó Resolución del Mingo en que confirma suspensión del cargo por 30 días al alcalde por violar la Constitución.

En este caso, para hacer cumplir la sanción, el gobernador Javier Herrera y la alcaldesa Mily Palma, se apersonaron al despacho alcaldicio, aguardaron más de tres horas al alcalde Sánchez Moró y como no se presentó, procedieron a instalar a la vicealcaldesa encargada, para lo cual se levantó el acta correspondiente debidamente suscrita por testigos presenciales. Se ordenó un áudito y un inventario de los bienes públicos existentes en el despacho y se prohibió la salida de todo documento oficial. Sin embargo, al día siguiente, cuando la vicealcaldesa se dirigió al despacho, no pudo entrar, porque estaba cerrado, acción que se atribuye al alcalde titular, pese a su suspensión. Así las cosas, cabe la interrogante: ¿qué clase de justicia se está aplicando en Panamá?

Con toda la entereza del caso, la vicealcaldesa Mily Palma presentó la denuncia de la peculiar situación de desacato y abuso que se viene cometiendo en Arraiján, con la esperanza de que no se sigan pisoteando las leyes, se respeten los fallos de la Corte Suprema de Justicia y demás instancias judiciales y se cumplan realmente las sanciones impuestas a quienes violan las normas. Arraiján no puede seguir a la deriva, su situación calamitosa no puede continuar y es deber de autoridades, como el procurador de la Administración, corregir estos entuertos que lo mantienen en cuidados intensivos.

Pareciera que solo un milagro divino puede lograr eso. Mientras tanto, centenares de funcionarios del Municipio de Arraiján ayunan forzosamente en Navidad y Año Nuevo y aquellos que tienen hijos graduandos, deberán pedirle al Niño Dios otro milagro… que los provea de un medio para comprar sus atuendos para llegar a la soñada graduación vestidos dignamente, como merecen.

PERIODISTA