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14 de Dec de 2019

Ana Matilde Gómez

Columnistas

Seguridad: ¿para quién y a qué precio?

Cualquier Gobierno que quiera ser calificado de ‘bueno' debe ser capaz de aplicar una estrategia nacional de seguridad que combata eficazmente los...

Cualquier Gobierno que quiera ser calificado de ‘bueno' debe ser capaz de aplicar una estrategia nacional de seguridad que combata eficazmente los delitos en sus diferentes modalidades, pero con el imperativo de hacerlo siempre dentro del marco del respeto a los derechos humanos; es decir, sin restringir aún más las libertades civiles y garantías fundamentales de la ya frágil democracia en que vivimos.

El éxito en esta lucha dependerá en mucho de la capacidad de articulación (trabajo coordinado) de todas las instituciones gubernamentales que tienen competencias en el área y de la participación ciudadana en los procesos de construcción de las propuestas. En esta línea es básica la incorporación de la academia, pues tiene mucho que aportar, gracias a sus estudios e investigaciones y al personal especializado que año tras año se incorpora a la sociedad.

Uno de los retos más complejos que plantea el fenómeno criminal es lo cambiante de las modalidades delictivas, así como lo ilimitado de los recursos con que cuenta y la diversidad de herramientas para ejecutarlos, gracias a que se financian en casi su totalidad de otros delitos de carácter transnacional, como el narcotráfico, el tráfico humano y de armas, así como de la corrupción, en fin, del crimen organizado en cualquiera y todas sus manifestaciones.

Históricamente los esfuerzos dirigidos al desarrollo de nuestro país se han centrado en su economía de servicios y su vocación para ser puente del comercio internacional, destacándose su centro bancario y financiero, su Zona Libre de Colón, las facilidades portuarias, el Canal de Panamá, y más recientemente el hub de las Américas, etc. Esa ha sido la inteligente forma en que nos hemos insertado en el mercado mundial, incluso desde antes de nuestra independencia.

Pero nos faltó visión para anticiparnos a los rápidos y profundos cambios que se producirían como resultado del proceso de globalización, lo que nos ha hecho vulnerables a los ataques políticos y/o tecnológicos, además de a los climáticos. No cabe duda de que la República de Panamá, con su plataforma de servicios, ofreció importantes ventajas comparativas y competitivas, aunque pronto resultaron incómodas para el club de los países ricos, a partir fundamentalmente de la crisis fiscal de los Estados. Sin embargo, estos ataques no son el foco de mi interés en este artículo.

A lo que me refiero en esta oportunidad es al énfasis que hace el ‘Buen Gobierno' en la atracción de inversiones, locales e internacionales, para que el desarrollo llegue a las áreas marginadas e invariablemente excluidas, que lo son en razón de que los distintos Gobiernos, unos administrando escasez y otros superávit, han distribuido mal la riqueza que se ha generado en el país. Ello ha sido el resultado de la implementación de políticas económicas cuyas prioridades no han tenido por objetivo el mayor impacto en la vida de las personas más humildes. No son ajenos a este resultado los actos de corrupción que han implicado un enorme desvío de importantes sumas de dineros públicos que fueron a parar a los bolsillos de funcionarios y pseudoempresarios exitosos, gracias a costosas operaciones financieras con deuda cara para el Estado o megaproyectos fallidos, a través de alianzas público-privadas con enormes sobrecostos.

Todo nos hace atractivo como país para la inversión extranjera directa (índice que Panamá lideró en la región con 6000 millones el año pasado), también nos torna vulnerables, puesto que sin suficientes controles que garanticen una adecuada seguridad ciudadana posibilitamos que el crimen organizado tome ventaja y se genere una serie de delitos comunes que producen una enorme sensación de inseguridad: hurtos en paradas de buses, robos en estacionamientos de universidades y hospitales, balaceras en los barrios y avenidas transitadas, etc., con la posibilidad además de pérdida de vidas humanas.

En conclusión, si no se atiende adecuadamente el problema de la Seguridad Pública y el de la Administración de Justicia como un todo, no habrá acción del Gobierno que sea efectiva en la atracción de inversiones, porque tanto la seguridad ciudadana como la jurídica, son piezas fundamentales y dependientes para cerrar los espacios de impunidad que impiden una sociedad más justa, más humana, solidaria y en paz.

DECANA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DE LA USMA.