La ayuda a los trabajadores más necesitados debe ser prioritaria

El Buen Dios quiera que las leyes de moratoria aprobadas por la Asociación Bancaria de Panamá cumplan su propósito y que los bancos locales detengan temporalmente los cobros por préstamos a los trabajadores más humildes que hayan sido seriamente afectados por la actual pandemia. Sin embargo, el éxito de esta operación dependerá particularmente de que la misma se lleve a cabo con absoluta honestidad y transparencia, para que parte de la ayuda no termine en las manos de algunos políticos o empresarios juegavivo, como sucedió incluso con la primea remesa de ayuda del Gobierno de EE. UU. a sus pequeñas y medianas empresas.

Dicho lo anterior, la línea aérea más extensa y prestigiosa de Australia, Qantas, se encontraba en una situación económica muy delicada, también resultado de la actual pandemia, pero tramitó varios préstamos con distintos bancos privados, poniendo un considerable número de aviones como garantía hipotecaria, con lo que solucionó su problema y le quitó una preocupación al Gobierno australiano. Por su parte, la segunda línea aérea más extensa y prestigiosa de Australia, Virgin Australia, le pidió un préstamo de 1.4 billones de dólares al Gobierno australiano, para seguir operando, cosa que el Gobierno le negó rotundamente; de modo que Virgin Australia finalmente optó por capear la tempestad con la ayuda de una administración voluntaria (alterna) especializada en salvar empresas en peligro de colapsar, y posiblemente termine haciendo algo parecido a lo que Qantas hizo.

La realidad es que la totalidad de los fondos en manos de nuestro Gobierno le pertenece a todos los conciudadanos, ya sea que dichos fondos provengan de toda clase de impuestos, o provengan de préstamos que nuestro Gobierno haya obtenido en bancos fuera de Panamá, o provengan de donaciones hechas a nuestro país por Gobiernos u organismos extranjeros; así que, considerando las actuales circunstancias, dichos fondos deben ser utilizados prioritariamente para ayudar a subsistir dignamente a la mayor cantidad de trabajadores asalariados residentes en Panamá que hayan quedado desempleados, quienes en su mayoría probablemente tienen limitados ahorros y numerosas cuentas por pagar.

En resumen, el deber del Gobierno panameño de proteger vidas humanas está muy por encima de su deber de proteger a grandes empresas que, en su abrumadora mayoría, están estructuradas para que solo sus dueños y accionistas reciban todas las ganancias.

Sería moralmente inadmisible que nuestro Gobierno, despreciando las recomendaciones de la Doctrina Social de la Iglesia, proporcionara ayuda preferencial a cualquier empresa que ni siquiera comparta sus ganancias con sus empleados, como precisamente ya ha hecho el presidente Donald Trump con las enormes empresas de aviación estadounidenses, porque así está protegiendo exclusivamente las riquezas de sus dueños, librándolos de resolver sus problemas financieros por sus propios medios, utilizando los bienes muebles a su nombre y las ganancias por ellos recibidas.

De proceder ejemplarmente, nuestro Gobierno estaría contribuyendo a reducir el actual desequilibrio social y económico en Panamá. De caer en alguna artimaña de cualquier persona o grupo empresarial adepto al capitalismo salvaje, que le impida ayudar prioritariamente a los trabajadores asalariados más humildes que hayan quedado desempleados, nuestro Gobierno tiene el derecho a hacer pública su más enérgica denuncia y recuperar todos los dineros que dichas personas o empresas hayan recibido indebidamente, así sea necesario utilizar la fuerza policial.

O empezamos a hacerle más justicia a nuestros trabajadores más humildes, o estará Panamá cada vez más expuesta a caer en las trampas con cantos de sirenas que los Gobiernos totalitaristas le tienden.