20 de diciembre de 1989

Han transcurrido 31 años desde el 20 de diciembre de 1989, fecha de la violación infame del Artículo 1, párrafo 2, de la Carta de las Naciones Unidas, según el cual uno de los principales objetivos de la ONU y del Consejo de Seguridad es el fomento de las relaciones de amistad basadas en el respeto “al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos”.

Porque es cierto que es potestad soberana de los Estados resolver sus problemas políticos internos según lo dictamina su Constitución. Por lo tanto, entiendo que la invasión de Panamá, sin discusión alguna, contraviene el principio número uno de la Carta de Naciones Unidas.

Es inevitable mencionar, a la luz de este argumento, la acción tomada por los Estados miembros del Estatuto de Roma, del cual Panamá forma parte desde el 13 de mayo del 2002 y que, el 15 de diciembre de 2017, decidieron activar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional sobre el Crimen de Agresión, puesto que los artículos 8 bis y 2 del documento lo incluyen de manera destacada: Así, se define el crimen de agresión cuando “estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado se planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala constituyan una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas”.

El Acto de agresión significa: “el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas”. Estos actos pueden incluir, entre otros, la invasión, la ocupación militar y anexión, mediante el uso de la fuerza, el bloqueo de los puertos o costas.

Entendiendo el significado de estos dos documentos de carácter internacional, estamos ante una clara violación a los derechos que protegen a los Estados. Panamá, siendo un Estado libre, soberano e independiente, vio violada su integridad por la mayor potencia entonces del mundo, estando en una clara desigualdad militar, lo cual es de fácil comprobación ante cualquier tribunal internacional.

Desde 1990 y de múltiples maneras, los intereses nacionales de Panamá siguen siendo agredidos y violados, no necesariamente con armas militares, pero sí de carácter diplomático y mediante inclusión en listas negras y grises, buscando doblegarnos con legislaciones ajenas a nuestra voluntad y objetivos estratégicos de desarrollo.

Es necesario recordar al general Omar Torrijos Herrera, quien internacionalizó el problema de soberanía panameña y, de la mano de la ONU y de los Países No Alineados, nos encaminó a la recuperación de la soberanía sobre la totalidad de nuestro territorio.

Es incomprensible que los sucesivos Gobiernos de la República no hayan logrado, hasta ahora, que el 20 de diciembre sea declarado formalmente Día de Duelo Nacional, mediante una ley surgida del Órgano Legislativo, si bien debe reconocerse que la actual administración del presidente Cortizo lo ha celebrado oficialmente.

No todo se ha perdido, como se perdieron aquel día de 1989 las ilusiones de quienes, como yo, provenientes de pueblos y barrios humildes, estudiábamos en el Colegio de la base militar de Río Hato, el cual buscaba graduar a ciudadanos con una base en las ciencias y en la tecnología; y afianzada por la disciplina y la formación del carácter.

En este contexto cobra especial importancia el trabajo de la Comisión 20 de Diciembre, proceso de recuperación de la verdad y memoria colectiva, y del cual, confiamos, saldrán fortalecidos los reclamos para que los daños causados por la invasión de 1989 le sean reparados, en justicia, al pueblo panameño.

También confío en que saldremos triunfantes de la tragedia que traído sobre nosotros la pandemia COVID-19 y que pronto convertiremos en realidades nuestros anhelos de progreso y bienestar, para que Panamá vuelva a ser una voz respetada y admirada en el conjunto de la comunidad internacional.