Números rojos

La crisis sanitaria que enfrentan diversos países a nivel mundial, producto de la pandemia de la COVID–19, obligó a los Gobiernos a adoptar medidas restrictivas que inciden en la economía y en el bienestar de la comunidad, toda vez que el confinamiento de la población y la contracción de la actividad económica produjo inestabilidad financiera, aumentó la tasa de desempleo, el cierre de numerosas empresas y con ello, un impacto emocional a nivel individual, familiar y/o social de las personas.

Producto de lo anterior, nos encontramos con un país en el que predominan los números rojos en el desempleo, en la Caja de Seguro Social, en los ingresos del Estado; en el consumo, en la producción, con el consecuente agotamiento de nuestra capacidad de endeudamiento ante los organismos financieros internacionales.

Surge repentinamente en el escenario público el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, comunicándonos repetidamente, a través de distintos medios, la situación crítica en la que se encuentran las finanzas públicas, confirmando lo que, con antelación, distintos sectores de la sociedad panameña habían advertido: la adquisición de préstamos internacionales sin una orientación definida, sin los controles necesarios para el manejo de los mismos, unidos a la falta de transparencia y rendición de cuentas, están provocando una explosión económica y financiera de dimensiones catastróficas.

Se hizo oídos sordos a esta exigencia y se procedió al endeudamiento indiscriminado, sin siquiera contar con una estrategia o plan nacional de manejo informado de los recursos, a fin de enfrentar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Gobierno panameño.

Las consecuencias están a la vista y van de la mano por lo expresado en días pasados por el ministro Alexander. Hay que interpretar entre líneas lo dicho versus lo que probablemente se avecina. No observo, por ausencia de esta, una propuesta gubernamental que nos señale las alternativas para solucionar la grave situación de las finanzas públicas.

El camino más fácil por el que históricamente optan los Gobiernos es producir reformas tributarias tendientes a que la población asuma el costo del cumplimiento de las crisis financieras; en nuestro caso, sin siquiera tomar en consideración la grave situación económica que está atravesando la clase media, la empresa privada y el panameño de a pie.

Pensar en una reforma tributaria, con las consecuencias que esta involucraría para los distintos sectores, obliga primero a que el Gobierno asuma lo que se le ha venido exigiendo con antelación y es que primero se aboque a la reducción del gasto público en los tres órganos del Estado, en forma ordenada, coherente, transparente, de manera tal que podamos comprobar que tales medidas están siendo adoptadas y que se está generando un resultado positivo en el ahorro público.

El panorama no muestra voluntad por parte del Gobierno en asumir dicho compromiso, por el contrario, el aumento del gasto estatal y la opacidad en las contrataciones, solo confirman que no existen ni el deseo ni el empeño de cumplir con este primer paso para posteriormente pensar en una reforma tributaria.

Tomemos de ejemplo los resultados nefastos en países vecinos, como consecuencia de las cargas impositivas que se han querido introducir. Por tanto, debe descartarse cualquier consejo a los oídos del presidente de la República en el sentido de imponer tributos a la población.