07 de Dic de 2021

Columnistas

Despliegue minero o… fariseísmo en la COP26

“[…] el Gobierno actual y su presidente, […], por un lado, se va a la COP26, […] y, por otro lado, otorga […] miles de hectáreas de bosques de enorme riqueza para cambiar el uso del suelo […]”

El pasado fin de semana, se dio comienzo, en Escocia, a la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas, conocida como la COP26. Esta, reitera una pregunta de urgencia para la comunidad internacional: ¿puede el mundo unirse para enfrentar el enemigo común del calentamiento global antes de que sea demasiado tarde?

La pregunta está formulada para dejar en la impunidad a los mayores responsables de este evento climático que apunta a nuestra destrucción como seres humanos. En efecto, el enemigo común de nuestro propio desastre no es el cambio climático, sino la lógica de la acumulación capitalista en escala mundial, ergo, los responsables son los que se benefician de tal lógica, los que han convertido en mercancía a los bienes de la naturaleza, incluidos los seres humanos.

En una encuesta internacional de varios miles de participantes en todos los continentes, se destaca que: “A pesar de los niveles récord de preocupación ambiental en todo el mundo, existe una gran brecha entre la aspiración y la acción cuando se trata de una vida sostenible” (Global Scan.com 25/10/2021). En nuestro juicio, lo interesante de los resultados de esta mega ncuesta es el dato respuesta sobre ¿Cuál es la barrera que impide que se cierre esa brecha? “La gente quiere cambiar sus comportamientos, pero muchos sienten que los Gobiernos (47 %) y las empresas (34 %) no están haciendo su parte para que esto suceda. El 46 % de las personas dice que la falta de asequibilidad también es una barrera” (Ibidem).

Así, por ejemplo, si no hay otra forma en el mercado que no sea disponer de medios de transporte dependientes de combustibles fósiles, la gente no tiene otra alternativa que le permita cerrar la brecha entre su preocupación ambiental y la acción de transportarse. Está sometido a la lógica de acumulación privada de los grupos de poder, en uso de tecnologías de origen fósil, protegidas por la “seguridad jurídica” de un Estado que actúa sirviendo a esas élites económicas.

En nuestro país, el cambio de uso de suelos -principalmente por la deforestación- está tipificado como causa principal de generación de gases de efecto invernadero, causa fisicoquímica del calentamiento global. En el área del norte de Coclé y occidente de Colón, se prevé la destrucción de aproximadamente 26 mil hectáreas de bosques para dar cabida al uso de la actividad extractiva minera metálica (ANAM-Pnuma, 2012).

De acuerdo con lo manifestado por el ingeniero Alfonso Waterman, en el último Foro Social Panamá, culminado la semana antepasada, “cuando se atenta contra el ciclo del agua, se atenta contra la vida”. Para este experto, la extracción minera a gran escala en el área de Coclé y Colón, “es totalmente destructiva para el ecosistema” (Waterman, 2021). Dentro de este ecosistema, se atenta contra el ciclo del agua en esta zona, que alcanza a cuencas que aportan al funcionamiento del Canal de Panamá, como las de Trinidad y Río Indio, y sirve de fuentes de abastecimiento de agua potable y usos de actividad turística y agraria. A contrapelo, los Gobiernos tutelados de los últimos 30 años, siguiendo el ánimo de lucro de unos cuantos, se han puesto de rodillas ante la depredación ambiental y despojo socioeconómico de la población panameña, que representan los intereses de los accionistas de minería metálica.

Este hecho, pone en el tapete una actitud farisaica del Gobierno actual y su presidente, en tanto que, por un lado, se va a la COP26, llevando un discurso de compromiso con los Acuerdos de París y, en general, con la lucha frente al cambio climático y, por otro lado, otorga más de dos docenas de miles de hectáreas de bosques de enorme riqueza para cambiar el uso del suelo y con esto, aporta a la generación de gases de efecto invernadero causantes del calentamiento global.

Todo parece indicar que esa entrega de nuestro patrimonio ambiental, económico y hasta territorial, no solo ocurre en beneficio de una minoría de especuladores con intereses fuera del país, sino que se concreta en complicidad con un núcleo social representativo de la nueva “oligarquía panameña”, que aspira a contar con significativos estipendios -que, en comparación con lo obtenido por las empresas mineras, representa migajas- para su enriquecimiento personal y para contar con recursos que le permitan aspirar a mantenerse en el ejercicio gubernamental, garantizando la incapacidad del Estado para proteger los intereses del país y sus trabajadores.

Sociólogo especialista en gestión ambiental.

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