Hasta luego, Ricardo

Ignoro las causas que terminaron con la vida de Ricardo González, fiscal en el reciente juicio que se le seguía al expresidente Ricardo Martinelli, pero no dudo del estrés que pudo representar para él estar involucrado en un caso de alto perfil como el señalado. Y confieso que, pese a los ribetes de exterminio que ha tenido esta etapa del país, me ha impactado su partida.

Lo conocí en el año 2003, cuando laboré en la Procuraduría General de la Nación, bajo la jefatura, entonces del licenciado José Antonio Sosa; Ricardo estaba en relaciones públicas, y con otras unidades montamos un programa en Radio Nacional, con la intención de que la opinión pública entendiera un poco más el papel de esa institución. Vi en él a una persona esforzada, puntual y decidida a superarse. Más tarde, cuando, en una ocasión, nos encontramos en la casa de mi tío Guillermo Enrique Valdés, me enteré de que era familia de Ana, la esposa de este, y que se había convertido en abogado. Me fue muy grato verlo, conversar un poco y enterarme de su actividad litigante.

Un infarto casi siempre es el resultado de una situación emocional, no necesariamente de una tragedia, puede ser de una alegría, pero lo que no se puede eximir es el estrés, máxime cuando ejerces en un acto que, por su perfil, pude someterte a presiones. En Panamá y en muchos países de la región, últimamente, la justicia, por sus fallos y también por sus aciertos, está sometida a muchas críticas y amenazas. Las críticas van y vienen de lado y lado.

Mientras que la fiscalía ejerce, está sometida a presiones; si gana el caso, la parte afectada reacciona, no de buena manera en muchos casos, y si pierde, las críticas y los señalamientos peyorativos serán un rosario sin límites. Algunos dirán que siempre ha sido así, pero la pregunta es hasta dónde situaciones como esa ponen en riesgo al profesional y hasta dónde contribuyen a distorsionar los resultados de los litigios.

En Panamá, en los últimos años, a las presiones y amenazas que puedan provenir de las partes involucradas, se ha sumado una irreverente presión mediática, que, contra toda norma del debido proceso, no oculta su desfachatez por dictar, a magistrados, jueces y fiscales, el veredicto que consideran en su línea editorial.

A título de una libertad de expresión que a menudo acalla la de otros, no se respeta la reserva del sumario ni la legítima actividad de los tribunales; muchos de los que se desagarran las vestiduras hablando de “crisis institucional”, actúan contra esas mismas instituciones, en un acto, que, si bien dice apelar a mejorar la justicia en el país, lo único que hace es crear un enrarecido ambiente que impide distinguir entre las acciones buenas y malas que transcurren en el área jurídica del país.

Es un escenario que actúa contra la necesaria superación de escenarios cuestionables de la justicia panameña, y que a menudo pugnan por resultados totalmente asimétricos con los procedimientos y resultados de los procesos.

Ignoro qué produjo la muerte de Ricardo, un hombre esforzado, de superación constante y honestidad incuestionable, pero no creo que de ese desenlace se pueda excluir esa presión y el estrés, del que la Ley debe proteger a los operadores de justicia.

Sobre todo, en el caso del Ministerio Público, donde se ejerce con limitados recursos y grandes exigencias.

Hasta luego, Ricardo.