Justicia igual para todos

Desde tiempos muy remotos, los primeros filósofos observaron que muchas personas y funcionarios son propensos a la corrupción y el irrespeto a los bienes de los demás. Por ello establecieron diferencias entre lo justo y lo legal, orientado esto último por el derecho, el cual está expuesto a errores e inequidades, en tanto que lo justo tiene como norte lo bueno y recto.

Para ellos la justicia como virtud era superior al derecho, es un valor universal y concebían al Estado como obligado a ser justo y moral en todas sus intervenciones. En ese sentido, ya santo Tomás de Aquino, hace 800 años, señalaba como virtudes cardinales “la justicia, la templanza, la prudencia y la fortaleza”, subrayando que la justicia debe ser igual para todos.

Esta brevísima introducción histórica nos viene como anillo al dedo, pues en nuestro Panamá de los últimos quinquenios lo legal ha estado expuesto a errores e inequidades. Han abundado las denuncias sobre corrupción y la incapacidad de nuestros poderes para hacer justicia, llegándose a afirmar que esta, además de ciega, es altamente selectiva, dependiendo sus acciones de los intereses del mandatario de turno y el partido político en el poder. Los argumentos esbozados tanto por los defensores y detractores ignoran que la raíz de la crisis de nuestro sistema judicial está en la carencia de suficientes principios y valores éticos y morales de muchos funcionarios, y de no pocos ciudadanos.

En ese sentido, aprovechando que nuestra contienda preelectoral está en plena efervescencia, y la promesa de luchar contra la corrupción, comprometiéndose todos _los candidatos_ con las virtudes cardinales señaladas por santo Tomás de Aquino, consideré necesario reiterar los argumentos a favor de Justicia en nuestro terruño.

Comencemos poniendo de relieve que los panameños hemos elaborado a lo largo de los últimos veinte años distintas propuestas de solución. Aunque ninguna tocó lo suficiente el incómodo asunto de la necesidad de fortalecer nuestras virtudes cardinales como necesarias para llevar una vida conforme al buen juicio a obrar correctamente, es obligatorio rescatar _para la memoria de los candidatos y la población_ las tres que señalan claramente el camino para ayudarnos a encontrar la justicia igual para todos en todo el territorio nacional.

En este sentido, el fundamento del “quehacer” lo establece claramente el “Pacto de Estado por la Justicia”. Allí, los titulares de los tres órganos del Estado, del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo y representantes de la sociedad civil, se comprometieron con el propósito firme de reestructurar y modernizar el sistema judicial panameño, a fin de que el mismo sea independiente, transparente y eficiente; con funcionarios judiciales idóneos e imparciales que rindan cuenta de su gestión, mediante una evaluación eficaz que permita determinar que se cumple con el debido proceso legal, mediante una tutela judicial efectiva, expedita e igualitaria que transmita confianza ciudadana en la Justicia.

Para ello definieron “Áreas Prioritarias de la Reforma Judicial” y elaboraron propuestas de resoluciones para reformar cada área, a fin de alcanzar los resultados que necesita el sistema de administración de justicia. Lamentablemente, este formidable documento, como muchos otros en nuestro terruño, duerme el “sueño de los justos”.

Por su parte los “Acuerdos de la Concertación Nacional para el Desarrollo” reiteraron en 2007 la necesidad de “cumplir el Pacto de Estado por la Justicia con voluntad política y responsabilidad de todos los actores comprometidos con su ejecución”. Especial importancia tiene la estrategia propuesta para recuperar la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia. “Nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, procurador general de la Nación, procurador de la Administración y sus respectivos suplentes mediante un sistema de preselección que garantice participación ciudadana, excelencia e independencia del servicio de justicia”. No menos importante es el señalamiento de la necesidad de una cultura ética, que impregne todo el funcionamiento de la sociedad panameña como eje transversal que garantice el fortalecimiento de la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.

Finalmente, el “Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado Panamá 2030”, particularmente su “Eje Estratégico Democracia, institucionalidad y gobernanza”, tomando como referencia los acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia, subraya los cambios más sustantivos que se plantearon sobre el sistema de justicia en el “Pacto de Estado” y propone la estrategia “Acceso a la justicia para todos”, la cual tiene como objetivo “Fortalecer la justicia expedita, transparente y acorde con la realización democrática y equitativa de los derechos ciudadanos de la población asegurando la convivencia social” y postula para la transformación del sector Justicia “la construcción de consensos y sinergias para estructurar una reforma del sector justicia en el país, mediante la consolidación de la Agenda concertada en el marco del Pacto de Estado por la Justicia”.

Entonces, conciudadanos, no hay que inventar. Todo está escrito y vigente desde hace 18 años. Estemos pendientes de que nuestros candidatos a ocupar el Palacio de las Garzas incorporen en sus discursos, compromisos y planes de Gobierno, el cumplimiento expedito con estas áreas prioritarias de la reforma judicial que necesitamos para alcanzar la justicia para todos.