• 08/08/2020 00:00

Aclaración al periodista dominicano Ramón Rodríguez

Me veo en la obligación de responder a las apreciaciones subjetivas y antojadizas que, en el diario dominicano “El Nacional” del pasado 31 de julio, publicó el periodista Ramón Rodríguez relacionadas con la decisión del presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, de declinar la sede de los juegos regionales que se efectuarían en 2022.

Me veo en la obligación de responder a las apreciaciones subjetivas y antojadizas que, en el diario dominicano “El Nacional” del pasado 31 de julio, publicó el periodista Ramón Rodríguez relacionadas con la decisión del presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, de declinar la sede de los juegos regionales que se efectuarían en 2022.

Es pertinente señalar que tal decisión ha sido respaldada por la inmensa mayoría del pueblo panameño, pues de su presupuesto nacional emanarían los cerca de 350 millones de dólares para su realización. Nadie podía prever la pandemia que hoy azota a la humanidad ni las terribles afectaciones económicas, sociales y sanitarias que ha generado. El Gobierno del presidente Laurentino Cortizo tenía programado llevar a cabo los juegos. Sin embargo, un análisis objetivo de la grave situación imperante y los reclamos de sectores de opinión para no realizarlos lo llevó a declinar la sede de los juegos.

El buen juicio, la responsable y sensata decisión, obedece también al estado de las finanzas panameñas, que según el ministro de Economía y Finanzas “se refleja una pérdida de ingresos de más del 60 % con relación a lo presupuestado, más una pérdida acumulada cercana al 40 % en el periodo de enero a junio, situación no prevista a mejorar en el segundo semestre de este año. Además, todas las evaluaciones hacen prever que las pérdidas de recursos en el primer semestre no podrán recuperarse y las condiciones continuarán negativamente en lo que resta del año. Por tanto, no habrá pronta normalidad financiera ni consolidación en nuestras finanzas”. Desde luego este solo panorama es suficiente para que cualquier gobernante responsable varíe su posición en cuanto a la conveniencia o no de realizar los juegos del 2022, como sabiamente hizo el presidente Cortizo.

Además, el Gobierno panameño era el único patrocinador del Comité Organizador de los juegos, pues, desde 2017, cuando se “ganó” la sede (nadie la quería), no se incorporó ningún otro.

Por otra parte, hay la inmensa mayoría de panameños que, desde que el Comité Olímpico de Panamá anunció su intención de solicitar y realizar los mismos, expresó su oposición, por considerar que el país adolece de una estructura deportiva cónsona para participar en un compromiso como los referidos juegos de 2022.

En Panamá, el deporte requiere de una reorientación que incumbe solo al país para cumplir el pacto con la Unesco de que “los Estados tienen el compromiso de brindar a la población espacios e instalaciones adecuadas”, según dispone la Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Deportiva y el Deporte.

Considero que el Comité Olímpico de Panamá (COP), en su momento, les vendió humo a los panameños con la irresponsable pretensión de realizar esos juegos en nuestro país, sabiendo que adolecemos de elementos competitivos, organizativos y estructurales que no son del caso ventilar en esta nota. Por tanto, aunque lo deportivo no fue lo determinante para la declinación, se evitó una deslucida participación y un innecesario derroche de recursos económicos que necesitarán los panameños para combatir la pandemia y la posterior reactivación económica, en donde el deporte debe ser considerado para que empresas y trabajadores panameños construyan infraestructura deportiva y se inicie el camino de la reestructuración integral desde las bases de nuestra actividad física, recreativa y deportiva.

Por último, señalamos que el compromiso del Comité Organizador de los Juegos con la Odecabe es obtener una fianza a favor de esta última, por un valor de Un Millón de Dólares “para el caso de que no se celebren los juegos por causas no atribuibles a fuerza mayor”. Señor Martínez, me temo que la pandemia de la COVID-19 es la más grave fuerza mayor imaginable para impedir dicho cobro, en el caso de que la misma haya sido adquirida. En todo caso, una equivoca sanción al país, generaría una terrible derrota internacional para quien intente tan innoble pretensión.

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