Aspectos clave que debe contemplar el nuevo contrato minero en materia medioambiental

A dos años del circo que representaron las protestas contra la minería, que en su mayoría respondieron más al rechazo hacia un gobierno desgastado que a la actividad minera en sí, hoy día resulta evidente la necesidad de reactivar la mina de Donoso. Su operación puede convertirse en un engranaje fundamental para la recuperación económica que el país demanda, permitiendo recuperar competitividad, atraer inversión y generar empleos, que si bien no es la única solución, puede ser una pieza clave dentro del conjunto de estrategias económicas.

Dejando de lado la esfera política y analizando el tema únicamente desde el punto de vista técnico-ambiental, un nuevo contrato, sea cual sea el modelo que adopte el Estado panameño para ejecutarlo, debe contener disposiciones claras que garanticen la preservación del ambiente. Solo de esa forma se puede evitar que la discusión ambiental vuelva a ser manipulada por actores políticos oportunistas, personalidades financiadas por ideologías radicales o incluso personas que encuentran en el ambientalismo una plataforma mediática para proyectarse ante la sociedad.

Es sabido que muchos argumentos que se utilizaron para desacreditar la mina carecían de base técnica y fueron construidos de manera tendenciosa, generando caos y cuyas consecuencias seguimos arrastrando, no obstante, esto no libera ni al Estado ni a la empresa de la responsabilidad de establecer parámetros robustos de control, mitigación y gestión ambiental. En ambos contratos existían aspectos ambientales que no quedaron debidamente definidos, y si bien en el segundo se incorporaron ciertos avances, aún quedaron pendientes temas fundamentales que no fueron abordados con la profundidad necesaria; también es cierto que la compañía minera además de cumplir con sus obligaciones del Estudio de Impacto Ambiental, también cumplía de manera voluntaria estándares internacionales, sin embargo, es responsabilidad del Estado no dejar estos asuntos a la buena voluntad, sino establecerlos como compromisos obligatorios dentro de un contrato.

Desde mi perspectiva, el nuevo contrato debería establecer como requisito obligatorio que la empresa minera cuente con certificaciones internacionales en materia de gestión de calidad, ambiente y seguridad, como lo las ISO 9001, 14001 y 45001 respectivamente, emitidas por organismos independientes. Este tipo de certificaciones no sólo acreditan estándares de alto nivel, sino que obligan a las empresas a mantener auditorías constantes. Asimismo, aunque el proyecto no sea financiado por el Banco Mundial, consideraría exigir mediante el contrato, el cumplimiento de las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional (IFC),en donde la empresa debería entregar junto con el informe de seguimiento habitual del Estudio de Impacto Ambiental, un documento complementario, el: “Estudio de Impacto Social y Ambiental (EISA)”. Este informe serviría para gestionar la brecha existente entre la normativa nacional y los estándares internacionales.

Otro aspecto que en el segundo contrato apenas se mencionó pero no se profundizó, es la supervisión estatal. El Ministerio de Ambiente debe contar con un equipo técnico especializado encargado únicamente de dar seguimiento constante e in situ a la actividad minera; pero para que esta supervisión sea efectiva, el contrato debería establecer y garantizar de manera clara los fondos necesarios para que el equipo cumpla eficazmente su labor, abarcando desde el mantenimiento de oficinas e instalaciones hasta la dotación de equipos y softwares como HEC-RAS y Waterloo Hydrogeologic. Considero que la forma más adecuada de asegurar estos recursos de manera directa, eficiente y sin burocracia es que sean costeados directamente por la empresa minera, incluyendo el pago de licencias de software, combustible de los vehículos, mantenimiento de oficinas y cualquier otro recurso indispensable para la labor del equipo. No obstante, este apoyo logístico no debe comprometer la independencia de los funcionarios ni colocarlos en una posición de subordinación frente a la empresa.

Para quienes no están acostumbrados a la gestión de megaproyectos, estas exigencias pueden parecer ambiciosas; sin embargo, en realidad corresponden a los estándares habituales en proyectos de esta magnitud. Además, como mencioné al inicio, la empresa ya cumplía de manera voluntaria con muchos de estos puntos, pero considero importante que dichos compromisos queden establecidos no sólo como actos de buena voluntad o requisitos internos, sino también de forma contractual.

La clave para que la mina de Donoso cumpla un rol positivo ante la sociedad preocupada genuinamente por el ambiente, no radicales buscando atención mediática, reside en combinar su reactivación con marcos de supervisión y control ambiental sólidos, basado en estándares internacionales comprobados. Reactivar la mina bajo estas condiciones no es solo deseable, sino estratégicamente necesario para Panamá.