Barro Blanco

En un área extensa y una inversión de B/.40 millones de dólares, se proyecta culminar el Proyecto Hidroeléctrico Barro Blanco, ubicado en el distrito de Tolé, provincia de Chiriquí, sobre el río Tabasará y, según sus promotores, es una obra para satisfacer la demanda de consumo de energía ‘renovable', generada por medios hidráulicos.

GENERADORA DEL ISTMO, S.A., la concesionaria, llegó a Panamá con la promesa usual de la mayoría de las multinacionales que arriban a nuestro país: generar empleo y progreso.

Enardecidos por el poder omnímodo de la transnacional, los Ngäbe Bugle, han invocando el derecho a la autonomía, al no estar conformes con la sumersión de territorios e inundación de petroglifos precolombino de culto ‘Mamá Tatda', (complejos mitos naturales y sus leyendas); por tal razón organizaron protestas, a fin de que el Gobierno central atienda los reclamos de los vecinos de este millonario proyecto. Cuando se cerraron los caminos del diálogo, decidieron bloquear la entrada al proyecto, atrincherados en sus áreas históricas, a fin de lograr la paralización de las obras y fueran escuchadas sus demandas.

Desconozco si en la mesa del diálogo han asistido lideres legítimos que representan los intereses de las organizaciones vecinales o si quienes asisten representan los intereses espurios de indígenas sin legitimidad; lo cierto es que esta situación representa uno de los muchos conflictos complejos y persistentes socioambientales que han surgido en el área con la consolidación del modelo extractivista en la región latinoamericana. Examinémoslo. La demanda en aumento de alimentos, de energía, de minerales, madera y de agua, han traído como consecuencia, una nueva forma de desarrollo de extracción de estos recursos naturales, por parte de empresas transnacionales, arrastrando una nueva modalidad de conflictividad social; no cabe duda que estas explotaciones, en aras del desarrollo y el progreso, que genera ventajas económicas, producen simultáneamente, afectaciones a comunidades vulnerables, creando conflictos sociales, políticos y culturales, al atentar con nuestra asombrosa biodiversidad, poniendo en riesgo los modos de vidas tradicionales. Es lo que se conoce como la apertura de un nuevo ciclo de luchas, centrado en la defensa del territorio y del ambiente, así como la discusión sobre los modelos de desarrollo. No es un conflicto exclusivo de Panamá, proliferan ejemplos similares en la región (Colombia, Perú, Argentina, Brasil y Ecuador).

Este nuevo modelo de desarrollo, extractivista, es considerado como la ‘nueva forma de colonialismo'. Ya tenemos herencias crueles del colonialismo para olvidarlo tan fácilmente. Este es un modelo en donde las ‘garantías a las inversiones de las transnacionales, son en desmedro de las comunidades más vulnerables', como la destrucción de la cultura local, el desplazamiento forzado, despojo de tierras y envenenamiento de aguas.

Esperemos no se agudice el enfrentamiento entre las partes y se radicalice, desbordándose la situación y tengamos que lamentar. La sociedad —sorprendida e indignada— aspira a que los dirigentes indígenas, delegados del Gobierno y representantes de la empresa, logren fumar la pipa de la paz, ante una crisis que lleva meses y sigue tan viva como las razones, coyunturales y estructurales, que la originaron. Que prime el diálogo, que es lo democrático y además, lo correcto. Eso sí, sin olvidar, el caldo de cultivo que han alimentado, el abandono, la falta de respuesta oportuna y a menudo, la hostilidad estatal hacia estas comunidades ancestrales.

Lo ocurrido es el resumen memorable e insólito de años de distancia e incomprensión entre el Estado y estas etnias rurales tradicionales. Es la larga historia de olvido del Estado que apenas si se ha asomado, en décadas, a esta compleja y sufrida sociedad indígena, que aún viven por debajo del umbral de la pobreza.

Surge una oportunidad de paz negociada, pactemos reglas de juego, sin menoscabar el orden constitucional; no podemos, por temor a parecer débiles ante los indígenas, actuar con displicencia y arrogancia, no reconocerlos como interlocutores y mucho menos restarle validez a sus reclamos. Así evitaremos el escalamiento de las protestas, la indignación y desconfianza.

Cobra vigencia la reflexión de la filósofa francesa Catherine Clement, cuando anota: ‘... No todo lo de los pueblos indígenas se debe proteger. Lo que se debe proteger es lo que aportan al mundo: una inmensa reserva de saber sobre el espíritu y el cuerpo, la extensión del concepto del ser humano a la naturaleza y una manera de pensar sabia cuando se trata del uso del mundo'.

ABOGADO