Centros Regionales Universitarios: baluartes de las comunidades

Confieso mi asombro al leer una nota periodística en La Estrella de Panamá. Los integrantes del ‘Movimiento de Adecentamiento' nos dicen que los Centros Regionales ‘no están respondiendo a las necesidades de las comunidades, atentan contra la educación pública y favorecen la privada'. Se trata de un señalamiento que refleja total desconocimiento del papel que realizan estas unidades académicas. Así, quienes hemos egresado y seguimos siendo parte de estos centros de enseñanza, no podemos compartir esas consideraciones, porque la realidad es totalmente diferente.

Somos miles los profesionales de los Centros Regionales que hoy somos parte del desarrollo nacional. Recordamos que inicialmente los cursos eran atendidos por excelentes docentes del campus central (los viajeros), pero que desde hacen ya años todas las carreras son asumidas por un personal oriundo de la propia región. Hablamos de una planta docente calificada, de elevada preparación profesional. No solo formamos técnicos y licenciados, sino que se posee una oferta diversificada de postgrados y maestrías.

En los Centros Regionales Universitarios tenemos una plataforma de educación superior regionalizada que abre las oportunidades, en las más diversas disciplinas del conocimiento, a jóvenes hijos de las comunidades, muchos de éstos sin las condiciones económicas para realizar los estudios en la ciudad capital. Son unidades esperanzadoras, con visión de educación pública, que representa un valor estratégico a lo largo y ancho del país, pues hablamos de diez Centros Regionales, dos Extensiones Docentes y 32 programas anexos. Se trata de todo un sistema coherente con el campus central.

La legislación que norma el funcionamiento de las unidades descentralizadas tiene, además, avances importantes. El artículo 132 del Estatuto Universitario otorga a los ‘Directores el ejercicio de ciertas funciones que permitan la agilización de trámites para el cumplimiento de los fines de la institución, manteniendo la vigilancia y el control de dichas actuaciones'. Así mismo, la política institucional ha experimentado avances en la desconcentración de muchas de las actividades administrativas, gracias a que la Ley Orgánica así lo faculta.

Ello es parte de un proceso que viene desde 1981 con la Ley 11, la que incorpora las sedes regionales a las instancias del gobierno universitario. Más adelante, con la Ley 24, de 2005, se da un nuevo impulso a la regionalización del sistema; los Centros Universitarios y Extensiones Docentes, en este espacio normativo, amplían los parámetros para reconstruir su propio modelo de administración, con una política coherente de descentralización y desconcentración, que favorece las condiciones que sustancien la base para incursionar con pertinencia y eficacia en las respectivas comunidades. Que hay que seguir ampliando esta descentralización es argumento que compartimos, pero sin desconocer los logros alcanzados y menos decir que se favorece lo privado.

En los últimos años las distintas sedes regionales han experimentado, a pesar de las limitaciones financieras, cambios notables en la estructura física, en el régimen de carreras, como en la organización. Hemos ampliado la presencia comunitaria a través de los programas anexos, incorporando a los grupos poblacionales marginales a la academia universitaria. Se ha afianzado el ‘edificio académico regionalizado', apoyado en una sólida fortaleza institucional.

Algo es claro. Ampliar los marcos de la descentralización y la inserción en las comunidades, con los centros de innovación, por ejemplo, requiere de las finanzas que no podrán ser las mismas de los últimos años. El quinquenio venidero exige así mismo extender los programas anexos garantizando, con estos, la presencia de la UP en todo el escenario nacional.

Son logros que no se pueden rebatir.

DOCENTE DEL CENTRO REGIONAL DE COLÓN.