Constituyente Originaria: única salida al Estado fallido

El Gobierno, en contubernio con el poder económico y políticos tradicionales, aprovecha la tragedia humanitaria de la COVID-19, que nos aproxima a los seis mil muertos y 350 mil contagios, tras un año de la crisis sanitaria y el virtual e ilegal estado de sitio impuesto con más de 150 mil detenciones en menos de un año, para imponer reformas laborales, despidos masivos, reducciones salariales, contratos suspendidos, violación del fuero de maternidad, desalojos de comunidades, aumento del costo de vida y del hambre, suspensión de la discusión sobre salario mínimo, una base militar yanqui disfrazada, privatizaciones, endeudamiento colosal, robo, corrupción y un nuevo diálogo de “Yo con Yo” en la CSS, mientras se acentúa la crisis en educación y salud y afloran casos horrendos como el de Senniaf y otros.

Encima, buscan darle un tanque de oxígeno al sistema excluyente y antidemocrático que impide elecciones justas y en igualdad de condiciones, con una denominada Asamblea Constituyente Paralela, una salida al estilo gatopardismo; es decir, que cambie todo para que todo siga igual. Esta iniciativa, que burlaría los auténticos anhelos y aspiraciones del pueblo, parece contar con el apoyo de los magistrados del Tribunal Electora como lo muestra su pronta reglamentación. Se reiteraría así que las instituciones caducas siguen respondiendo a los poderes fácticos y económico que siempre prevalecen por encima de cualquier Gobierno y que ven en contra de los intereses del pueblo humilde y trabajador.

En medio de ello, la renuncia del procurador Eduardo Ulloa, que se inscribe en esta situación de crisis institucional y del sistema que afrontamos. Tal como planteara Frenadeso, son entendibles las suspicacias que se han levantado, en un país donde todo el mundo sabe que los altos funcionarios no renuncian, los renuncian. Esto está podrido. Obviamente este problema, como muchos otros, no se resuelve con simples renuncias. Eso lo demuestra los nueve procuradores que se han paseado por el Ministerio Público en los últimos 30 años. Y viene el décimo.

Como es claro, las políticas antipopulares siguen, la corrupción carcome todas las esferas públicas, mientras que la impunidad crece, ante la prevalencia de una justicia para los ricos y otra para los pobres. Bajo este estado de situación, el movimiento social panameño y dirigentes populares siguen enfrentado la política de cercenar derechos que lleva adelante el Gobierno empresarial del PRD, misma que es avalada por los partidos tradicionales.

En el país se registran protestas a diario por parte de diversos sectores sociales que claman solución a sus problemas: empleo digno, aumentos de salario y revisión del salario mínimo como mandata la ley, respeto a las convenciones colectivas; disminución del costo de la canasta básica y congelamiento de precios de los artículos de primera necesidad; acceso al agua; medicamentos y atención de salud, acceso a la tierra y respeto a los recursos naturales; acceso a viviendas dignas y cese de los desalojos forzosos; condiciones adecuadas para enfrentar el año escolar. Es decir, una constante lucha por el respeto a los derechos humanos, a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

En este accionar del pueblo en las calles, Frenadeso está enfrentado los intentos de privatización de la salud, la educación y el agua; marchamos contra las reformas a la seguridad social que pretenden imponer nuevas medidas paramétricas y privatizar las reservas de la CSS; en las calles y con denuncias ante la Corte Suprema, interpuestas por Conusi, enfrentamos las reformas laborales. Proyectos, todos ellos, antipopulares que el Gobierno de Cortizo continúa ejecutando. En las calles, enfrentamos el nepotismo, la corrupción y la impunidad gubernamental y empresarial. Nuestra lucha es frontal al neoliberalismo y por la construcción de un modelo económico-social con equidad y justicia.

Llamamos al pueblo, que sufre y lucha, a hacer uso de su legítimo derecho de defender nuestras reivindicaciones, a defender el derecho a la vida digna, y lo haremos valer con las formas de protesta social que conocemos. El pueblo está en las calles, porque la esperanza está en las calles.

La única salida real para acabar con este estado de situación, obligantemente, pasa por crear las condiciones para la autoconvocatoria por parte del pueblo de una Asamblea Constituyente Originaria soberana con plenos poderes, capaz de fundar una nueva república.