COVID-19: desempleo, negociados y mentiras

Después de nueve meses de pandemia, debido a la COVID-19, es muy clara la absoluta ineptidud del Gobierno, en donde sobresalen la negligencia de ministros y el pobre desempeño de las autoridades de fiscalización de la gestión gubernamental. El país no tiene rumbo, se aplica una política de sobrevivencia día a día, que favorece los intereses de los empresarios.

El año 2020 finalizó con una situación socioeconómica que evidenció las contradicciones de un modelo económico que genera crecimiento económico, pero no bienestar humano: prevalece la concentración de la riqueza en pocas manos, regiones y actividades económicas, no se favorece la generación de empleo y salario digno, donde es galopante el endeudamiento y promueve los crecientes negociados, corrupción e impunidad.

A los trabajadores, una vez más, se les pone a cargar la crisis. Imperan el desempleo, la informalidad laboral, bajos salarios, postergación de contratos suspendidos, la falta de apoyo económico real, contratos y salarios suspendidos a casi 200 mil trabajadores, con deterioro de las condiciones laborales a los “reinsertados” en sus puestos de trabajo, con despidos masivos en el sector público, con capacidad de compra reducida y con niveles de pobreza exorbitante. Con un Gobierno empresarial, nuevamente se envía a cuarentena, y sin ingresos, a la población de Panamá y Panamá Oeste.

Por otro lado, los resultados de las ineficaces e improvisadas medidas colocan a Panamá entre los primeros países del continente en aumento vertiginoso de muertos, contagiados y hospitalizados. Han colapso hospitales, no hay camas, faltan equipos e insumos, el personal está agotado y con lamentables pérdidas de vidas y contagios entre los trabajadores de la salud; las morgues se saturan con cadáveres. Enfrentamos una severa crisis sanitaria, una catástrofe humanitaria. Con un pueblo agotado que se debate entre el hambre y el desempleo, con un futuro incierto, el anuncio de la llegada de la vacuna es visto con esperanza por muchos y a eso han apostado el Gobierno y los medios de comunicación para buscar tranquilizar a la población.

Referente a las negociaciones con la transnacional farmacéutica Pfizer, desde el primer momento, se nos ha mentido, aunado al hecho del secreto so pretexto de “confidencialidad”, al punto que, según la ministra de Relaciones Exteriores, Panamá debe pedir permiso a la farmacéutica para poder dar información a los panameños, lo que implica una subordinación total a las corporaciones, violentando la dignidad nacional. En medio de ello se denuncian negociados con la vacuna. Lo que ya sabemos es que el primer pago del Banco Nacional se hizo a favor de Pfizer Zona Libre de Colón, cuyo representante es Luis Carlos Motta Vallarino, directivo además del Banco General. Lo cierto es que se han realizado pagos que totalizan 10.5 millones y no hay una sola vacuna. Costa Rica, que negocio la vacuna en los mismos tiempos que nuestro país, ya ha recibido 56 600 dosis.

Se ha pretendido vender la idea de que la llegada de esas 40 mil vacunas para unas 20 mil personas (apenas el 0.4 % de la población) resolverá la situación crítica que vivimos. Estamos lejos de eso.

Estamos hablando de la vida de los panameños y de la existencia misma de la humanidad. No podemos dejar que las autoridades, sus “expertos” y asesores, que ya mostraron con creces su ineptitud e incompetencia llevándonos a estar entre los peores países en el manejo de la pandemia, sigan jugando con nuestras vidas.

Ante este estado de situación, el pueblo panameño hastiado de corrupción, impunidad, nepotismo, imposiciones, represión, demandas sociales insatisfechas, “shows” mediáticos, de los engaños del Gobierno y la partidocracia, de los irrespetos y aporofobia de empresarios, se mantiene en la lucha. Las luchas sociales no están en cuarentena: obreros, pobladores, campesinos, indígenas, jóvenes, profesionales seguirán movilizándose por la defensa de su derecho a la Vida Digna.

También, a 57 años de la Gesta Patriótica del 9 de Enero de 1964, seguimos luchando por el uso social del excedente canalero, para que las áreas revertidas pasen a manos del pueblo, para que el Canal esté en función de los intereses nacionales y sociales, y contra la presencia de bases militares en nuestro territorio.