Cuando la confrontación social se convierte en política de Estado

El gobierno actual lleva más de dos años en el poder y, como los gobiernos anteriores, a lo único que ha apostado en este momento es a una confrontación social a gran escala, a tal punto de que prácticamente la ha convertido en política de Estado. Algunas consideraciones al respecto.

Quiero comenzar con la posible reapertura de la mina de Cobre Panamá, ahora que el gobierno está supuestamente evaluando si sucederá o no. Ya hay dos fallos de la Corte Suprema de Justicia que han dejado muy claro que esa concesión minera ha violado flagrantemente la Constitución Política, aunado a los posibles daños ambientales que dejan muy mal parada a la empresa. La supuesta auditoría integral de aquella mina ya concluyó, lo que debería dar lugar a que ese proyecto minero sea definitivamente cerrado y First Quantum Minerals debe irse inmediatamente de Panamá. El plan de cierre puede ser financiado con la venta del concentrado mineral que se encuentra en el área de la concesión. Pero hay que cerrar ese capítulo de Cobre Panamá y procesar penalmente a todos los involucrados en esa negociación ignominiosa.

En segundo lugar, la reforma al reglamento interno de la Asamblea Nacional, vetado por el Ejecutivo, en vez de convertirse en una oportunidad para sanear la función parlamentaria, se convirtió en un pretexto para seguir atribuyéndose facultades que exceden las ya descritas en los artículos 159, 160 y 161 de la Constitución Política. Y ni hablar de las reformas al Código Electoral, cuyas modificaciones introducidas en la Comisión de Gobierno demuestran el pánico que tiene la partidocracia a que la incursión de nuevos actores en el gobierno le haga perder los nefastos fueros y privilegios que implantó con éxito desde hace 36 años.

En esa misma línea, las vistas presupuestarias del proyecto de Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal del 2027 han convertido a la Comisión de Presupuesto en un campo de guerra por la tozudez de la partidocracia en impedir la debida fiscalización, con el único propósito de mantener bajo cuerda los malos manejos de las entidades estatales controladas por la mafia partidista que ha gobernado este país por tantos años.

En tercer lugar, la Ley 526 de 2026 de Sustancia Económica tal vez sea un emprendimiento loable desde el punto de vista de la transparencia fiscal, pero lo que debemos procurar como nación es que, en nombre de ella, no se afecte gravemente la soberanía tributaria de Panamá solo para cumplir los caprichos banales de esos países y organismos internacionales que aun insisten en mantener a Panamá en sus perversas listas negras con el único propósito de socavar su atractivo centro financiero por esa manía de buscar que Panamá se convierta en su policía fiscal y a la vez forzarla a sacrificar su sistema tributario territorial en favor del pernicioso sistema tributario global. Sobra decir que el sector societario panameño era uno de los más competitivos porque le brindaba una mayor protección a las empresas que invertían en Panamá.

En cuarto lugar, el problema del agua en Azuero, el cual lleva varios años sin resolverse. A eso hay que sumarle las graves afectaciones que causó el terremoto acaecido hace varios días en esa zona. Señor presidente, ¡recapacite! Los azuerenses no son “agitadores sociales” como usted les llamó alguna vez, son panameños que esperan una pronta solución a ese problema que los tiene muy preocupados. Deje esa actitud de chantaje y extorsión, escúchelos y lléveles soluciones reales.

En fin, estamos viviendo tiempos oscuros, y lo único que puede poner orden en este país es que exista un proceso constituyente autoconvocado por el pueblo para evitar que los excesos de poder del gobierno socaven los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos panameños. ¡Dios bendiga a la patria!