¡La ‘Ciudad del Saber’ debe ser revalorada! (I)

El 10 de febrero de 1998, por el Decreto Ley 6, publicado el siguiente día 12 en la Gaceta Oficial 23,480, se aprobó el contrato entre el Estado y la Fundación “privada de interés público”, creada expresa y específicamente “para el establecimiento y desarrollo de la “Ciudad del Saber”. El Decreto Ley 6 tuvo como fundamento el Ordinal 8 del artículo 1 de la Ley 1 del 2 de enero de 1998, que otorgó al Órgano Ejecutivo facultades extraordinarias para legislar, mediante esa “norma excepcional y transitoria”, con efectos similares a las leyes, pero que, en cumplimiento del mandato constitucional, debió tener una vigencia temporal.

A ese tema se refieren en la Constitución, específicamente, el párrafo que encabeza el artículo 159 y los párrafos primero y tercero de su numeral 16, de los siguientes textos: “artículo 159.- La función legislativa es ejercida por medio de la Asamblea Nacional y consiste en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estado declarados en esta Constitución y en especial para lo siguiente: 16. Conceder al Órgano Ejecutivo, cuando éste lo solicite y siempre que la necesidad lo exija, facultades extraordinarias precisas, que serán ejercidas, durante el receso de la Asamblea Nacional, mediante Decretos-Leyes.

Todo Decreto-Ley que el Ejecutivo expida en el ejercicio de las facultades que se le confieren deberá ser sometido al Órgano Legislativo para que legisle sobre la materia en la legislatura inmediatamente siguiente a la promulgación del Decreto Ley de que se trate”.

En estricto cumplimiento de los claros textos transcritos, el Decreto Ley 6 de 1998 debió ser sometido a la Asamblea Nacional para que legislara sobre la materia, es decir, lo convirtiera a ley formal en la legislatura siguiente a su promulgación. Pero eso nunca ocurrió y, en consecuencia, en abierta violación del mandato constitucional, el Decreto Ley 6, de hecho, continuó rigiendo durante todos los años hasta el 2023, cuando expiraron los 25 años por los que se otorgó la concesión.

El texto reproducido es el que rige la materia, desde la reforma constitucional del año 2004; pero un texto similar regía cuando fue aprobado y promulgado el Decreto Ley 6. Por consiguiente, la obligación de someter al Órgano Legislativo, todos los decretos leyes, existe ahora y existía, desde que esa especie legal fue introducida en nuestro ordenamiento constitucional.

El Decreto Ley 6 comenzó a regir, a partir de su promulgación el 12 de febrero de 1999; por tanto, la siguiente legislatura ordinaria a la que debió ser sometido, “para que legislara sobre la materia”, se celebró durante los meses de marzo a junio de 1999. Pero ni a esa legislatura ordinaria, ni a ninguna de las 50 legislaturas ordinarias que, como mínimo, se han celebrado desde entonces se le ha sometido el Decreto Ley de marras. O sea, que la violación del mandato constitucional acumula, ahora, en total, 27 años.

Ese desafuero se sigue perpetuando, con la complicidad de todas las administraciones y especialmente de la Asamblea Nacional, que ahora, mediante “una adenda” absurda lo ha extendido hasta el año 2048.

Por el contrato aprobado por el Decreto Ley 6, el Estado panameño, GRATUITAMENTE y LIBRE DE TODOS LOS GRAVÁMENES, traspasó a la Fundación las 120 hectáreas que comprendía la antigua base militar de Clayton, con todas sus edificaciones e infraestructuras. 120 hectáreas son un millón doscientos mil metros cuadrados (1,200,000). El valor de esos terrenos y de todos los edificios e infraestructuras, que se sepa, nunca fue estimado ni divulgado; pero no se requiere de mucho esfuerzo para imaginar que era de centenares de millones que, actualizando valores, han aumentado exponencialmente.

Para justificar la cesión gratuita de ese enorme patrimonio público, en el Decreto Ley, como la contrapartida de la favorecida con la concesión, se listaron los supuestos “beneficios” que a la nación le reportaría la “Ciudad del Saber”.

Precisamente, ese aspecto esencial fue que se debió examinar y revalorar, de la manera más prolija posible, antes de aprobar, como se hizo, la prórroga de la concesión, retroactivamente, pues había vencido en el año 2023, y mediante una absurda y “sui generis adenda”, en los mismos términos originales, por otros 25, o sea, hasta el año 2048.

Como en el tema hay mucha más tela que cortar, sobre el mismo volveré en un siguiente artículo. Continuará...