Cultura y poder

El mal uso o basarse en el significado erróneo de estas dos palabras —cultura y poder— conlleva graves riesgos para la cualquiera sociedad, máxime si un jerarca o político corrupto las utilizan como parte de una decisión u opinión taxativa suya que no admite discusión, peor si las imponen con una fuerza bruta, en cualquiera de sus formas.

En tanto que la clara y serena comprensión de estos dos conceptos nos facilita la elaboración de una doctrina sobre la vida humana, basada en su libertad y pluralismo, sin la crueldad igualitaria y socializante de las dictaduras de izquierda o de la uniformidad pseudodemocrática de las tiranías mayoritarias, que bien merecen llamarse “despotismos democráticos”.

Lo interesante es que “cultura y poder” son fuerzas vivas y activas, interdependientes la una con la otra. Ambas mantienen vivas y dinámicas toda relación de convivencia humana al interactuar constantemente, dándonos respuestas al sinsentido de nuestra existencia individual y colectiva comunitaria.

Su protagonismo, paradójicamente, radica en su dimensión espiritual, inmaterial y metafísica. Son códigos universales filosóficos que circulan bidireccionalmente, formando hábitos del corazón y de la mente en los ciudadanos de un país, como manera de sentir y de razonar en un sistema estructurado de asociaciones y alianzas comunitarias.

Pero estos razonamientos y sentimientos se renuevan por lo menos generacionalmente, a través de una buena educación en dichas alianzas y asociaciones comunitarias, formando así las opiniones públicas intramundanas y cambiantes en sociedades democráticas y libres.

Esta creación de opiniones, con su expectativa de cambios, se da principalmente cuando existe esa buena educación en una democracia que permita pequeñas revoluciones de la mente ocasionando cambios en la realidad política, social o económica de una sociedad.

Por eso el Estado, revestido de atributos culturales en el ejercicio normal y legítimo de su poder, sabiamente acepta estos cambios, alentando y educando a sus ciudadanos a participar política y culturalmente en sociedad. En una buena democracia, el Estado es un cuerpo político identificado plenamente con esa cultura y opinión publica ciudadana, si no es así deja de mandar legítima y democráticamente. Lo peor es cuando por ausencia de una opinión pública culturalmente rica y prevaleciente, ese vacío se llena con la prepotencia y fuerza bruta de un solo dictador.

El caso de una mala administración pública es otra cosa, si bien igualmente es el resultado de un pueblo sin educación y cultura. Esta corrupción de valores crea una cultura amoral carente de deberes, basada en la ignorancia, trayendo consigo el desplazamiento accidental del poder, haciendo de la corrupción el sostén principal de dicho poder.

El individualismo salvaje, la igualdad impuesta, la uniformidad monótona son obsesiones particulares que también deforman la democracia, donde no existen ciudadanos sino súbditos al margen de su control, sin las virtudes necesarias del mando compartido.

¿Cuál, pues, es el papel de la cultura en un Estado de derecho democrático y liberal?

La función de mandar y obedecer, como las libertades individuales y colectivas, se prestan a un despotismo intelectual en ausencia de una interacción ciudadana viva y activa, al ser sentimientos generados a diario por la vida humana y sus circunstancias.

Es entonces cuando la cultura cumple su papel redentor, dándole a la democracia su forma y meta sobre los demás, para crear esa manera de sentir y razonar democráticamente. Solo así la labor política y cultural se dan un abrazo fraternal, ahormando una estructura simbiótica entre poder y cultura, situándolas bajo el palio de la democracia.