• 26/03/2022 00:00

Curso de ética y transparencia para funcionarios

“[... es una iniciativa que, objetivamente, debió ejecutarse desde hace muchísimo tiempo, sin miramientos político-partidistas [...]”

Mediante Circular No. Antai-DS-001-2021 de 8 de febrero de 2021, promulgada en Gaceta Oficial No. 29227-A, de jueves 25 de febrero de 2021, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), divulgó que, desde el miércoles 9 de diciembre de 2020, implementó la plataforma tecnológica denominada “Academia de Ética y Transparencia” –para servidores públicos–, con el objetivo general de fomentar la transparencia, la ética, la participación ciudadana y la publicidad de la información; pero con el propósito específico de que tal fomento sea asimilado por los funcionarios panameños a través de capacitaciones, basadas en garantizar el derecho de acceso a la información (pública), la lucha contra la corrupción y tópicos conexos. Dicha academia, solo disponible –hoy día– por conducto del hiperenlace (URL): https://academia.antai.gob.pa/, fue establecida por la Antai para cumplir, a su vez, con las atribuciones y facultades que le impone la Ley 33 de 25 de abril de 2013, que la creó.

En la circular mencionada, la Antai únicamente se limitó en instar, a las autoridades de las diversas entidades públicas nacionales, a que propusieran a sus subalternos ingresar a la academia virtual para participar, sencillamente, en un “curso de ética”, con el fin de profesionalizar el servicio público en pro de la transparencia gubernamental.

Posteriormente, en Gaceta Oficial No. 29357-B de viernes 20 de agosto de 2021, la Antai publicó la Resolución No. 04-2021 de 16 de agosto de 2021: “Por el cual se adopta la Academia Virtual de Ética y Transparencia para todo el servicio público”, pero, ya no únicamente instando a los funcionarios a ingresar a tal academia para capacitarse, alcanzar su certificado de aprobación y remitirlo a sus correspondientes departamentos de recursos humanos –para que militasen en sus respectivos expedientes de personal–; sino que, ahora, lo hizo instruyéndolos a cursar y aprobar “los cursos” de la referida plataforma en un término de 120 días –calendario–, contados desde la promulgación oficial de la mencionada resolución; es decir, hasta el sábado 18 de diciembre de 2021. Incluso, a pesar de haber vencido el plazo descrito, la Antai detectó una significativa cantidad de funcionarios aún sin reportar su satisfactoria concientización; hecho que justificó la expedición de la Resolución No. DS 012-2021 de 21 de diciembre de 2021 (publicada en Gaceta Oficial No. 29451-C de viernes 7 de enero de 2022), extendiéndoles el mencionado período hasta el lunes 31 de enero de 2022, para comunicar formalmente el cumplimiento cabal de su capacitación. En suma, el curso sobre ética y transparencia, dejó de ser voluntario y comenzó a ser expresamente obligatorio para toda la masa funcionarial panameña, sin mediar distingo entre instituciones (incluyendo las empresas de capital mixto), ni la jerarquía, salario, ni el periodo de los nombramientos del personal estatal.

Así pues, ha sido –“grosso modo”– el peregrinaje del célebre “Curso de Ética y Transparencia para Servidores Públicos”, establecido por la Academia de Ética y Transparencia de la Antai, el cual ponderamos –pese a ser coercitivo–, pues es una iniciativa que, objetivamente, debió ejecutarse desde hace muchísimo tiempo, sin miramientos político-partidistas, por las diversas autoridades que han dirigido el Estado. El curso, aunque perfectible –y, de contenido relativamente conocido para abogados–, era “justo y necesario”, ya que ayuda a ilustrar y/o recordar a los funcionarios acerca del “deber ser”, o sea: a rendir cuentas oportunamente a los contribuyentes –y tratarlos dignamente–; a ser probos, responsables, transparentes y veraces ante el constante escrutinio de la ciudadanía –ávida de verdaderos “Gobiernos Abiertos” e información pública–; y, a actuar correctamente en observancia de una serie de principios orientadores del eficiente funcionamiento de la cosa pública, por ende, de la prudente conducta de los seres humanos que en ella se desempeñan profesionalmente en procura del bienestar general.

(*) Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, egresado de la Universidad de Panamá.
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