Debe el Estado panameño expropiar los puertos de Balboa y Cristóbal?

Desde hace algunos meses, los puertos de Balboa y Cristóbal han estado envueltos en una trifulca geopolítica entre Estados Unidos y la República Popular China. En 1997, dichos puertos fueron concedidos en una licitación a la empresa CK Hutchison.

Hoy, dicha concesión, luego de más de veinticinco años de operación sin ninguna interferencia a la seguridad del Canal u operaciones fuera de las normales de cualquier puerto en el mundo, ha sido objeto de cuestionamiento por los Estados Unidos de América. La República de Panamá es dueña de dichos puertos. Están ubicados en su territorio y se ha otorgado una concesión a una empresa privada para su operación y explotación.

Sin embargo, un tercer país, en este caso Estados Unidos, ha considerado tener un interés estratégico sobre dichos puertos y cuestiona su operación por una empresa privada con sede en Hong Kong e inversiones en 54 países del mundo. A todo esto, el Gobierno de Panamá ha mantenido silencio sobre el tema, sin cuestionar la injerencia de Estados Unidos sobre los asuntos internos de nuestro país y nuestras operaciones comerciales. Estados Unidos no tiene ningún derecho a cuestionar lo que la República de Panamá hace en su territorio en materia de inversiones comerciales. En ningún momento este tema tiene repercusiones sobre el Canal de Panamá. Es más, complementa las actividades auxiliares al Canal de Panamá por su posición estratégica y tránsito del 6 % del comercio marítimo mundial.

Este tema tomó otro cariz cuando el fondo de inversiones BlackRock comunicó la compra de un sinnúmero de puertos, incluyendo los puertos de Balboa y Cristóbal, a la empresa CK Hutchison. Aquí se negociaban unos puertos ubicados en territorio panameño sin ninguna comunicación ni injerencia de la República de Panamá, dueña absoluta de su territorio donde esta concesión fue otorgada.

La reacción de esta compra, si bien satisfizo los intereses temporales de Estados Unidos, generó muchas críticas del Gobierno chino porque su lectura de esta transacción la interpretó como una medida para cercenar su comercio internacional. La transacción quedó en un impasse y todo indicaba que, si bien BlackRock realizaría la inversión, la operación de los puertos estaría en manos de APL, una subsidiaria de una de las empresas navieras más grandes del mundo (Mediterranean Shipping Company).

Ahora bien, cuando un puerto queda en manos de una empresa naviera es una mala señal para el comercio marítimo internacional y para los intereses de todo el resto de las navieras del mundo. APL podría inclinar el acceso a los puertos de Balboa y Cristóbal a las naves de Mediterranean Shipping Company en desventaja de las demás. A todo esto, siendo una medida con implicaciones de restricción a la libre competencia, Panamá ha guardado silencio.

Recientemente, se informó el interés de China Cosco Shipping Company como parte interesada en participar junto con BlackRock y Mediterranean Shipping Company / APL como inversionista y garantizar la presencia de una empresa china en la operación. Es más, según una nota de prensa de Reuters, los puertos de Balboa y Cristóbal son parte de las negociaciones que se llevan a cabo entre China y Estados Unidos en Suiza y ahora en Londres. A todo esto, Panamá, siendo el país donde se encuentran ambos puertos, lo están negociando como si no fuera el dueño de los mismos.

En mi opinión, para sacar a los puertos de los juegos geopolíticos entre Estados Unidos y China es conveniente y oportuno una expropiación de dichos puertos por la República de Panamá y que sean administrados por excelentes gerentes panameños con experiencia portuaria. A Panamá no la negocian ni su posición estratégica está al servicio exclusivo de ninguna potencia mundial. La seguridad es un tema donde la cooperación es oportuna, pero decidir los destinos de nuestro territorio y las actividades concesionadas por el Estado panameño no incumben a nadie.