Descentralizar para cerrar brechas

Panamá ha avanzado de manera sostenida en términos económicos durante las últimas décadas. Ese crecimiento ha permitido consolidar sectores estratégicos, atraer inversión y proyectar al país en el escenario regional e internacional. Sin embargo, ese progreso convive con realidades que siguen marcando profundas brechas territoriales y sociales, visibles en la vida cotidiana de miles de panameños.

En amplias zonas rurales y en comunidades indígenas, persisten carencias que afectan directamente el bienestar y las oportunidades de desarrollo. Allí, la falta de infraestructura básica, el acceso limitado a servicios esenciales y las condiciones de pobreza que impactan de forma particular a niños y niñas representan uno de los desafíos más sensibles que enfrentamos como país. La desnutrición infantil y las limitaciones en el desarrollo temprano no son cifras abstractas; son realidades que condicionan el futuro colectivo y que exigen respuestas públicas eficaces, sostenidas y cercanas al territorio.

Esa desigualdad también se manifiesta en nuestras ciudades. En áreas metropolitanas como la ciudad de Panamá, el crecimiento urbano y los grandes desarrollos conviven con barrios donde las oportunidades son escasas y la movilidad social resulta limitada. Son comunidades que, a pesar de estar geográficamente cerca de los centros de dinamismo económico, enfrentan barreras estructurales para acceder a mejores condiciones de vida. Esa convivencia de realidades tan distintas interpela directamente la forma en que el Estado llega a sus ciudadanos.

Ante este escenario, la descentralización del Estado adquiere una relevancia estratégica. Acercar la gestión pública a los territorios permite comprender mejor las necesidades reales de cada comunidad, priorizar inversiones con mayor impacto social y ejecutar soluciones acordes a las particularidades de cada distrito y corregimiento. La descentralización fortalece a los gobiernos locales, impulsa las economías comunitarias y mejora la provisión de servicios básicos desde una lógica de proximidad y corresponsabilidad.

Cuando los municipios cuentan con recursos, capacidades y planificación, se generan condiciones para transformar realidades concretas. Caminos que facilitan el traslado de productos y personas, sistemas de agua potable que protegen la salud, espacios deportivos y comunitarios que fortalecen la convivencia, proyectos productivos que dinamizan el empleo local. Son acciones que inciden directamente en la calidad de vida y que construyen confianza entre el Estado y la ciudadanía.

El Gobierno Nacional, bajo el liderazgo del presidente José Raúl Mulino, ha reafirmado su compromiso con este modelo de desarrollo, apostando por una descentralización que genere resultados tangibles y oportunos. Desde la Autoridad Nacional de Descentralización trabajamos para que los recursos públicos se traduzcan en soluciones reales, con una gestión orientada a la eficiencia, la transparencia y la participación ciudadana. Nuestro enfoque parte de los planes de desarrollo distrital, del diálogo con las comunidades y de una visión clara de impacto social y económico sostenible.

La descentralización no es una consigna ni una política abstracta. Es una forma concreta de fortalecer la democracia, de equilibrar oportunidades y de reconocer que el desarrollo del país se construye desde cada territorio. Cada proyecto ejecutado, cada obra culminada y cada servicio mejorado representa un paso hacia un Panamá con mayor equidad, cohesión social y oportunidades compartidas.

Cerrar brechas requiere decisiones firmes, trabajo articulado y una visión de Estado que entienda que el desarrollo comienza en lo local. Desde la AND asumimos esa responsabilidad con convicción, conscientes de que transformar el país implica llegar donde históricamente el Estado llegó tarde o de forma insuficiente. Allí es donde la descentralización cobra su verdadero sentido: en la capacidad de mejorar vidas desde el territorio, con resultados visibles y duraderos para las comunidades.