Vergüenza y desgreño gerencial durante 18 años

En 1997, Panamá Ports Co., recibe la concesión del manejo de las terminales de Cristóbal y Balboa, con el compromiso de pagar al Estado $22 millones anuales, con ajustes cada 5 años, según se indexa el costo de vida o IPC; y en adición, pagar el 10 % de sus ingresos y entregar dividendos por 10 % como corresponde al Gobierno en su condición de socio.

De repente, para quienes ven apariciones súbitas y no el manejo torticero y descarado tras bambalinas, Panamá Ports Co., logra por arte de magia, o mejor de mafia, ser exonerado de lo convenido ‘a priori', con una fórmula de $9 por TEU, más un incremento de 10 % cada 5 años, hasta 2047; y solo hasta 2005 ser puesto parcialmente en cintura, nunca volviendo a la posición inicial. Es decir, lesionando los intereses de la Nación. Y con un agravante adicional, ambas facilidades estaban dotadas con equipos para desde el día uno iniciar operaciones como prometieron de voluntad propia en las propuestas presentadas al obtener concesión citada.

Y ante estas veladas evidencias no cabe nada más que interrogantes de inusitada sensatez o la total y desconcertante insensatez y desfachatez, al ver cómo los nominales ‘poderosos', hacen de las suyas, en ausencia de las autoridades que deberían velar por el bien general, quienes han debido cuestionar las lesiones patrimoniales, incluso anticipándose, como obliga el control previo ejercido por la Contraloría, el periodismo, la Cámara de Comercio e Industrias, el Ministerio de Economía y Finanzas, la sociedad civil y en general todas las entidades de control, quienes como dolientes deben apersonarse del bienestar, han lamentablemente brillado por su ausencia, haciendo vulgar y rampante caso omiso a la responsabilidad debida a su función y razón de ser y existir.

Para más vergüenza ajena y hasta propia, al elaborar esta nota, se conoce que Panamá Ports Co., celebra este mes los primeros 18 años de descarado disfrute de un activo del pueblo panameño y por tal motivo publicará en prensa escrita, con gran despliegue, que entre sus logros ha invertido $1350 millones, y que ‘da trabajo' a 4200 panameños; y no dice que en el mismo periodo escasamente ha repartido $10 millones que al Estado panameño le ha tocado $1 millón. Es claro que el irrespeto por los socios, en este caso Panamá, calla, oculta o pretende transcender la situación, como si fuera una insignificancia de poca monta, desconociendo que lastima directamente a otros puertos que con inversiones propias, y sin ningún favorecimiento, se arriesgan y, en franca lid, ganan fracciones de mercado cada vez más importantes.

Todo parece indicar que los intereses creados y las obligaciones inmorales contraídas en el sector logístico, portuario, energético, como si solo pocos tienen derecho a producir riqueza, los demás ‘como hijos de menos madre', que se tuerzan o, en su defecto, ante la ausencia de espacio para ejercer constitucionalmente la libre empresa, que le vendan al gran señor que todo lo cree poder, en ausencia del oxígeno competitivo para progresar honestamente.

En consecuencia, Panamá Ports Co., antes que una felicitación como pretenden con el anuncio, deben recibir el repudio y rechazo ciudadano, y la lupa del Estado y de las unidades investigativas de los medios de comunicación, sentando las bases de un país sin vergüenza donde todos tengamos espacio.

ABOGADA