Desde las manifestaciones políticas en los últimos años de la colonia hasta las movilizaciones sociales posteriores a la separación de Colombia, el 3 de noviembre de 1903, la ciudadanía panameña ha encontrado en la voz (acción) pública una herramienta constante de cambio político. La historia de los movimientos sociales en Panamá es evidencia de la participación ciudadana en el espacio público. Protestar es una forma legítima y directa de hacer política, sobre todo, frente a las decisiones de un Gobierno que ha suspendido el diálogo.
Ante el panorama político, cabe reflexionar sobre los distintos tipos de protesta a la hora de transformar la sociedad y examinar ¿hasta qué punto la desobediencia civil puede constituir un poder político —posible— frente a la erosión tecnocrática y la manipulación propagandística en las democracias actuales?
La desobediencia civil es un tipo particular de protesta. Surge como un fenómeno político contemporáneo que cuestiona la pretensión de que la razón y el progreso (representados en la ley, el Estado o las mayorías) constituyan una verdad única y absoluta, lo que desoculta cómo tales sistemas políticos han regularizado diversas formas de injusticia. Esta acción política, en particular, confronta la visión política de la modernidad. Se revela como un mecanismo que vigoriza el examen crítico sobre la justicia en las democracias consolidadas, al tiempo que, ofrece un recurso metodológico para ordenar el desarrollo de democracias aún en proceso de constitución.
En Panamá, la protesta ha transitado desde manifestaciones públicas, huelgas hasta paros; no obstante, no se registra una acción política explícita como la desobediencia civil. Históricamente, la convocatoria política ha emergido de una pluralidad de actores: profesionales, estudiantes, docentes, sindicatos de trabajadores, comunidades indígenas y diversas organizaciones de la sociedad civil que han coincidido en el espacio público. Esta articulación heterogénea ha impulsado luchas fundamentales por los derechos humanos, las reivindicaciones laborales, la soberanía territorial y la salvaguarda de los bienes comunes.
Entre los actores con mayor visibilidad destacan: el estudiantado, de escuelas y universidades públicas; los sindicatos, con su notable capacidad de convocatoria y presión social; los gremios docentes, informan e ilustran los objetivos comunes; y los pueblos indígenas, cuyo discurso se centra en la defensa del agua, la tierra y la autonomía comarcal. Sin embargo, para evaluar el potencial transformador de estas movilizaciones frente al orden institucional, resulta indispensable precisar la naturaleza política de la desobediencia civil.
Para comprender, en este sentido, el alcance y la fuerza de las movilizaciones sociales, la filosofía política de Hannah Arendt ofrece un marco significativo. En Crisis de la república (1972), Arendt advierte que “lo que pende de un hilo es la República”, lo que señala la descomposición de la política y lo político. A través de los dos primeros ensayos de este libro, Arendt analiza «La mentira en la política» y aborda la «Desobediencia civil» como el fenómeno capaz de frenar la despolitización oscura que ha cubierto el espacio público.
En Arendt (1972), a diferencia de la mera protesta o de la simple transgresión del orden legal, la desobediencia civil es una acción política colectiva y pública orientada a hacer frente a las injusticias de un poder político que ha suspendido el diálogo y cuya legitimidad y legalidad se ha debilitado. Quienes participan en esta acción política no operan impulsados por intereses personales ni por un afán delictivo, como el crimen organizado, sino como una ciudadanía dotada de conciencia crítica cuyo compromiso ético-político persiste aun cuando exige infringir una norma concreta. En este sentido, la irrupción en la plaza pública y la eventual detención de los desobedientes civiles visibilizan una verdad fundamental de la teoría republicana, la validez del derecho emana del consentimiento mutuo entre iguales y no de la sola imposición estatal. Así, cuando la ley traiciona la justicia, su fin primordial, la desobediencia civil se erige como una obligación ético y político para la preservación de la República.
La reflexión teórica política en torno a la desobediencia civil arendtiana se enmarca en un diagnóstico crítico sobre las crisis de la República. Entre estas crisis están la fragilidad de la verdad en la política y el debilitamiento de la ley, ambas como consecuencia de la erosión del principio de legalidad frente a la propaganda y la manipulación ideológica. Arendt, continúa analizando este fenómeno político en conexión directa con su teoría de la acción política desarrollada en La condición humana (1958) y con las reflexiones sobre el totalitarismo y la apatridia expuestas en Los orígenes del totalitarismo (1951).
La degeneración de las prácticas deliberativas tienen como consecuencia la despolitización en las democracias. Se precipita el aislamiento de los individuos y facilita la instrumentalización de la verdad factual mediante construcciones ideológicas propagandísticas. Ante este escenario, el debilitamiento del orden jurídico no solo permite la delincuencia común o el pillaje, sino que socava la arquitectura institucional. Por tanto, Arendt establece una distinción categórica entre el desobediente común y la desobediencia civil. Esta última, se configura como un poder político: colectivo, abierto, público y ,generalmente, no violento que busca corregir la despolitización, que ha llevado a la aparición de injusticias, y la recuperación del espacio público.
Con precisión conceptual, Arendt contrasta la definición de la desobediencia civil de otras formas de protesta como las objeciones de conciencia. Desde Sócrates hasta Henry David Thoreau se han definido acciones políticas como la objeción de conciencia como expresiones de desobediencia civil. Mientras que Sócrates en el Critón acata las leyes atenienses para preservar su integridad moral “in foro conscientiae” sin buscar una disrupción colectiva, Thoreau objeta, individualmente, mandatos estatales injustos como el pago de impuestos en oposición a la esclavitud. Para la pensadora, tanto la fidelidad socrática como la objeción moral de Thoreau permanecen ancladas en la interioridad de la expresión individual.
La conciencia individual, al basarse en intereses subjetivos, no puede generalizarse sin generar contradicciones insalvables: “Si la decisión de violar la ley dependiera realmente de la conciencia individual, es difícil advertir en la ley cómo se halla el doctor King en mejor posición que el gobernador de Mississippi, Ross Barnett, quien también creía en su causa y estaba resuelto a ir a la cárcel”. Por ello, la desobediencia civil adquiere verdadera entidad política únicamente cuando trasciende el fuero interno individual y se articula colectivamente en la esfera pública mediante el juicio político reflexivo o modo de pensar amplio.
Frente a la modernidad y su modelo contractualista vertical de sumisión al Estado, Arendt reivindica los pactos horizontales y las asociaciones voluntarias ad hoc. Estas alianzas operan como un poder político (potencia) frente al control tecnocrático de los solucionadores de problemas y la burocracia estatal. En este entramado, la autora propone el reconocimiento de la desobediencia civil como acción política, de igual manera que los grupos de presión colectiva legítimos.
Este andamiaje teórico se ancla profundamente en su análisis de la apatridia durante el periodo de entreguerras. En Los orígenes del totalitarismo (1951), Arendt advierte que la pérdida de las garantías estatales despoja al ser humano no solo de su protección jurídica, sino de su condición de sujeto político, se acuña su pensamiento clave sobre el “derecho a tener derechos”. Quien carece de una comunidad política organizada pierde la capacidad de aparecer en el espacio público y confrontar las injusticias.
En definitiva, la teoría de la acción arendtiana sitúa a la vita activa —y específicamente a la acción desplegada inter homines esse— como el núcleo de la libertad política. La desobediencia civil no pretende subvertir el orden constitucional, sino enmendar sus agravios mediante la acción en concierto de la ciudadanía. Al enraizarse en la natalidad como la capacidad humana de iniciar algo nuevo, la desobediencia civil se consolida como un recurso metodológico indispensable para la recuperación de la política en el ejercicio democrático, se demuestra que la legitimidad del derecho emana del ejercicio dinámico de la libertad comunitaria y no del monopolio de la coacción estatal.
El diagnóstico arendtiano sobre la manipulación de la verdad factual adquiere una dimensión inédita en el escenario de la hiperconexión. La irrupción de la inteligencia artificial y de los algoritmos de optimización del procesamiento de información desarticula el espacio público común en cámaras de eco, lo que erosiona la pluralidad y el juicio reflexivo discursivo. En un entorno posmoderno dominado por relatos fragmentados, desinformación automatizada y vigilancia algorítmica, la desobediencia civil ya no solo enfrenta la coerción física del Estado, sino el sesgo algorítmico y la desmaterialización de la plaza pública. En tiempos oscuros, la presencia corporal e irremplazable de los ciudadanos en la esfera pública se convierte en la máxima afirmación de la vita activa frente a la automatización tecnocrática de la gobernabilidad.
En Panamá, este análisis resulta vital para comprender las recientes protestas populares. Cuando los canales institucionales se bloquean y la captura corporativa reduce el diálogo a un mero simulacro tecnocrático, es necesario la conformación de comunidades políticas desde el movimiento social que incluya a los otros. Al reunirse de forma pública en calles y plazas, el movimiento social reactiva el pacto horizontal entre iguales, se renueva la soberanía frente a las imposiciones gubernamentales, las élites y las corporaciones.