En noviembre de 2023, la Corte Suprema declaró inconstitucional el contrato-ley que permitía operar Cobre Panamá, y la mina se detuvo. Desde entonces, Minera Panamá (90% FQM, 10% KOMIR) no tiene una concesión vigente para explotar el yacimiento, sin embargo, sigue usufructuando, producto que el Gobierno de Mulino autorizó procesar el mineral acopiado.
El lunes Mulino anunció el inicio de conversaciones formales con Minera Panamá para explorar un posible acuerdo que genere los mayores beneficios para el país. Lo que debemos entender es que formalizarán lo que nunca cerró, disfrazándolo como “abrir para cerrar”. Justifican la apertura como mecanismo financiero para un cierre ordenado, y que, a la vez, ponga fin a los arbitrajes pendientes.
El resultado es paradójico. Un yacimiento cuya concesión fue anulada sigue sosteniendo, en balances privados, activos por miles de millones de dólares. Y el Estado, dueño original del subsuelo, negocia ahora con quienes compraron por adelantado su renta, no solo con quien la extraía. Ello tumba el discurso de Chapman que dice que el Estado panameño no financiará el cierre, pero si financiamos el cierre con los minerales que son propiedad del Estado (apertura de la mina) somos los panameños los que estamos pagando y no la transnacional minera quién ha obtenido ganancias extraordinarias producto del contrato leonino y del actuar fuera de la ley.
El cierre ordenado es otra gran mentira. El cierre ordenado debió llevarse a cabo durante toda la fase operativa de la mina; la mina debió tener un Plan que garantizará la mayor aproximación de las condiciones anteriores al funcionamiento de esta. ¿Cuántos años han pasado? ¿Por qué nunca se llevó a cabo? Toda la institucionalidad de los 7 gobiernos (Desde Pérez Balladares hasta Mulino) han protegido los intereses de la transnacional minera y no el desarrollo sostenible de nuestro país.
Tal como se sabe, la minería a cielo abierto es contraria al desarrollo nacional y social. La actividad minera sigue siendo de las ocupaciones más peligrosa si tenemos en cuenta el número de personas expuestas al riesgo (lesiones, enfermedades y hasta la muerte). Es depredadora de la naturaleza. En el caso de Minera Panamá, se destruye la biodiversidad al ser una minería a cielo abierto. Imponer la mina es violar el Estado de Derecho, la Ley 407 de moratoria minera metálica, el fallo de inconstitucionalidad del 2023, el Acuerdo de Escazú, tratados ambientales internacionales de los que Panamá es signataria, los derechos humanos y ambientales. Constituye un atentado contra la vida.
Dice Mulino que un eventual acuerdo no se tratará de una concesión, Chapman plantea que no se requiere de una institución, desconocen la figura jurídica que lo sustentará, entonces como inician “negociaciones”, sustentados en qué. Todo parece improvisación o será que es la transnacional la que trae el proyecto para que estampen su firma.
En el 2023, el pueblo expresó su voluntad: no a la mina, si a la vida. Como bien se pronunciara Frenadeso: “Ninguna maniobra jurídica, promesa económica, amenaza de arbitrajes internacionales o supuesto cierre ordenado puede justificar el desconocimiento de esa decisión histórica del pueblo panameño”. Al igual que otras organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, barriales, gremiales, estudiantiles, ambientalistas y ecologistas, Conusi llama a defender nuestro derecho al bienestar humano, al ambiente sano. Rechazamos el proyecto minero que atenta contra el desarrollo sostenible y la vida digna.