Educación: ahora o nunca

Las circunstancias del país nos obligan a repasar las descripciones sobre el tema de la educación, sobre todo por la suspensión de las clases.

Nos informa la ONU que el 20 % de la población de niños estaba fuera de las escuelas en 2018, es decir, cerca de 260 millones de niños, y que más de la mitad entre niños y adolescente no logran los estándares mínimos de competencia ni en lectura ni matemáticas.

Como política pública, el Estado viene procurando garantizar que haya suficiente cantidad de docentes en la planta oficial para que el proceso alcance a la mayoría de la población, por eso fortalece el nivel salarial de los docentes, y son muchos los ejemplos, pero vamos a iniciar con el de “ahora o nunca”.

En Panamá, desde 1979, la marcada huelga contra la Reforma Educativa planteada por la Presidencia de Arístides Royo, sucumbió por el señalamiento ideológico que era comunista.

Entre los logros desencadenados, estuvo el reconocimiento a los docentes del sector particular que se pasaran para el sistema oficial, y así sus años de servicios se les reconocería para la jubilación especial, Desde entonces señala Ileana Gólcher, al menos se presentaron 27 mesas para atender el tema de la educación, sin establecer un acuerdo que pueda implementarse

El acuerdo de 1979, quedó plasmado en la Ley N°. 5 de 1980, en donde se manejaron el 4 % como aporte y un 3 % para gastos de administración, estos son parecidos y muy cercano a los que hoy se contemplan en el PRAA.

La Ley 5 estableció que, para jubilarse, a los docentes que se pasaban al otro sistema, se les aplicaría el 80.2 % si aportaban 1 año al fondo para pensión, 82.4 % para dos años, 84.6 % para 3 años, 86.8 % para 4 años. 89.0 % para 5 años, 91.2 % para los 6 años, 93.4 % los 7 años, para los 8 años el % era de 95.6, el 97.8 % para los 9 años y el 100 % para los 10 años.

Resumo: docentes que estuvieron en escuela privada se pasaron al Meduca para jubilarse, aun cuando pudieron aportar 18 años en la privada, solo 10 en la oficial, sumando 28 años de servicios y 50 de edad, para pensionarse con el 100 por ciento.

Otro interesante acuerdo quedó formalizado en la Ley 4 de 1980, Por la cual se crea el Fondo de crédito para el educador. El Fondo (FOCREDUC) inició con un aporte del Estado de B/.200 mil, y pagando el salario del personal administrativo en los tres primeros años, con todo esto, se puede apelar que no sea la suspensión de clases la primera alternativa de lucha de la dirigencia, porque podríamos preguntarnos ¿Qué pasaría si esta misma herramienta la aplicara un gobierno, es decir, suspenden el derecho a estudiar de la niñez y la juventud? Obvio que sería inaceptable, por qué insistir en suspender el derecho a educarse de la población.