El copago clandestino (I)

Una mujer sale del hospital con una receta doblada en la mano. Caminó temprano. Esperó. Consiguió la consulta. No consiguió el medicamento. Cruza la calle y entra en una farmacia. Allí aparece la factura que no figuraba en el presupuesto público.

Ese recorrido parece individual. No lo es. Se repite en pacientes de los hospitales administrados por patronatos y de la seguridad social. El sistema promete cobertura. La app del celular responde que no hay. La necesidad permanece. El costo cambia de bolsillo.

En marzo de 2026 el propio Estado declaró un listado conjunto de medicamentos en desabastecimiento crítico para el Minsa y la CSS. Antes se había aprobado la compra coordinada de 300 fármacos destinados también a hospitales patronatos. La CSS reconoció fallas en el suministro y activó compras de emergencia después de meses de reclamos. La escasez no es una impresión del paciente. Es un problema reconocido por las instituciones.

Aquí comienza la ficción de la austeridad. El Estado registra que no pagó. El paciente registra que sí pagó. Las cuentas públicas mejoran. Las cuentas familiares empeoran. El medicamento cuesta lo mismo. A veces cuesta más. La enfermedad tampoco espera el próximo acto público.

Para 2027 el Minsa solicitó B/.4,650 millones y el MEF recomendó B/.3,844 millones. La diferencia ronda B/.806 millones. La mayor parte del ajuste recae en funcionamiento. Allí están medicamentos, insumos médicos, personal, limpieza y mantenimiento. La reducción presupuestaria puede presentarse como disciplina. En la sala de espera puede convertirse en otra cosa.

Volvamos por un instante a 2008. Lehman Brothers cayó. Europa respondió con austeridad. Grecia aprendió que sanear un balance no equivale a sanar una sociedad. Panamá no vive aquella crisis. Pero parece encaminada a repetir su error central. Puede confundir una obligación desplazada con una obligación eliminada.

Cuando el asegurado compra lo que debía recibir nace un copago de facto. No aparece en una ley. No tiene tarifa oficial. No entrega recibo estatal. Funciona con una secuencia brutal. El paciente cotizó. El paciente pagó impuestos. El paciente llegó. El paciente no encontró. El paciente volvió a pagar.

Ese dinero alimenta el mercado privado de medicamentos e insumos. Las empresas venden porque existe una necesidad inevitable. La falla pública transforma al enfermo cautivo en cliente. Cada anaquel vacío del hospital puede convertirse en una venta al otro lado de la calle.

También aparecen preguntas sobre conflictos de interés. En 2026 el ministro de Salud negó mantener vínculos accionarios con una empresa que participa en compras del Minsa. Afirmó que vendió sus acciones antes de asumir el cargo y solicitó una auditoría. Esa respuesta merece ser considerada. También merece verificación independiente. La transparencia no se presume cuando antiguos intereses privados coinciden con decisiones públicas de gran valor.

La paciente regresa a casa con menos dinero y con el mismo sistema que ya financió. El Gobierno llama a eso orden. La familia lo llama gasto. La farmacia lo llama venta. El paciente lo llama necesidad. Esa diferencia de nombres es la deuda que las cifras todavía no muestran.