En defensa de la autonomía universitaria

Los Apículos 103, 104 y 105 de la Constitución Política de la República de Panamá consagran un elevado nivel formal de autonomía para la Universidad de Panamá. El primero de estos le otorga una amplia autonomía patrimonial, organizativa, administrativa y, principalmente, académica y en el estudio de los problemas nacionales. El segundo obliga al Estado a entregar a la institución los recursos patrimoniales y financieros necesarios para hacer efectiva la práctica de su autonomía. El último de estos asegura la libertad de catedra, elemento indispensable para el desarrollo de pensamiento crítico.

Esta autonomía choca, sin embargo, con los intereses de los sectores económicamente dominantes, para quienes el quehacer de la educación superior debe estar supeditada al desarrollo de sus intereses. Como afirma Gramsci, “todo grupo social, como nace en el terreno originario de una función esencial en el mundo de la producción, se crea al mismo tiempo y orgánicamente una o más capas de intelectuales.” Estos, precisa el autor, “le dan homogeneidad y conciencia de su propia función, no solo en el campo económico, sino también en el social y político.”

Lo anterior permite develar que los sectores dominantes buscan reducir la enseñanza universitaria a la formación de los cuadros científicos, técnicos y administrativos, necesarios para desarrollar su proceso de generación y acumulación de capitales. No se trata, entonces, de una Universidad que analiza críticamente la problemática nacional y sus contradicciones sociales que afectan a la población. Simplemente se la concibe como una institución funcional sometida a sus intereses, tanto en el plano pedagógico como en el de la investigación.

Se debe agregar que más allá de las necesidades de los sectores económicamente dominantes en el campo estrictamente económica, los mismos entienden que para dominar efectivamente la sociedad precisan de contar con un elevado de hegemonía política e ideológica. La dominación, como diría Gramsci, es “hegemonía acorazada con coacción”.

La necesidad del bloque en el poder de desarrolla una hegemonía política e ideológica, significa el objetivo de lograr que los sectores subalternos de la sociedad acepten como válidos y necesarios los objetivos de los sectores económicamente dominantes. Esto significa entender que estos no solo son válidos, sino que representan el interés general de toda la sociedad, es decir del bien común. En última instancia se trata de que los sectores subalternos entiendan que la realidad tal como existe debe ser aceptada, debido a que no existe forma de transformarla.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta claro los sectores económicamente dominantes intentan convertir a la Universidad en un simple mecanismo de generación y difusión de formas ideológicas adecuadas a su hegemonía política e ideológica. Esto resulta fundamental para estos sectores dada la clara pérdida de control ideológico por parte de los mismo, producto, por ejemplo, del rechazo generalizado al convenio minero.

Esto pone en marcha un movimiento muy concreto que busca liquidar la autonomía universitaria que promueve el pensamiento crítico y, por tanto, la aparición de intelectuales que se como orgánicos de los sectores dominados. Esto significa imponer en la Universidad de Panamá lo que Pablo Freire llama la pedagogía del oprimido, esto es un modelo pedagógico que lleve al estudiante a una posición de pasividad, aceptación e incluso de promoción del actual estilo de desarrollo concentrante y excluyente. Más aún, la investigación en ciencias sociales y de la educación se pondría al servicio de la hegemonía de los sectores económicamente dominantes.

Dicho lo anterior, se debe enfatiza que existe dos graves peligros que asechan la autonomía universitaria. En primer lugar, está la coerción económica, ejercida por la Contraloría y el MEF, que buscan vía la coacción financiera, violando el Artículo 104 de la Constitución, someter a la Universidad de Panamá. En segundo lugar, está la amenaza de una reforma constitucional antinacional y antipopular, destinada, entre otras cosas, a eliminar el blindaje legal de la autonomía universitaria.

La defensa de la autonomía precisa urgentemente de la movilización decidida de todos los estamentos universitarios, los que debemos comprometernos con el ideal de la Universidad como conciencia crítica de la nación. Se debe entender que la pasividad en este momento es traccionar este ideal.

Lo anterior implica una amplia actividad de extensión universitaria, destinada a conectar la defensa de la universidad con los intereses concretos y sentidos de la población. Se trata, por una parte, de la tarea molecular de acercarse a las necesidades básicas y problemas de las comunidades y organizaciones sociales, aportando para la solución de los mismos. Significa, además, la necesidad de participar en las luchas generales de la sociedad, entre las que se destacan, a manera de ejemplo, la defensa de la soberanía, la seguridad social, la protección del medio ambiente frente a la minería extractivista, los derechos de los campesinos a sus tierras, así como los de los pueblos originarios, entre otros.