Frente a la impunidad (II)

La política de prevención contra la impunidad debe apoyarse principalmente, en un proceso sistemático de promoción y divulgación de los Derechos Humanos, dentro del cual tienen especial importancia las actividades relacionadas con su enseñanza y aprendizaje, terreno en el cual los Órganos del Estado -al igual que la Defensoría del Pueblo- no se han animado, hasta ahora, a incursionar.

No me cansaré de repetir que la educación de los servidores públicos y de los miembros de la sociedad civil en los Derechos Humanos, ataca uno de los factores que más poderosamente contribuyen al desconocimiento y el menosprecio de esos derechos.

Al igual que es necesario insistir que, otro aspecto relevante de una política de prevención es el referente a las medidas orientadas a erradicar las condiciones y prácticas que favorecen la violación de los Derechos Humanos, como son la falta de control sobre las actuaciones de los agentes del Estado en la esfera policiva y judicial, el encubrimiento generado por el falso espíritu de cuerpo entre los servidores públicos, y la insensibilidad ciudadana frente a los abusos del poder y el incumplimiento culpable de los deberes oficiales.

Pero hay otro factor que es de tratamiento cuidadoso: la impunidad. Cuando los violadores de los Derechos Humanos escapan a la aplicación de la ley, al control disciplinario y a la administración de justicia, no sólo se hace patente la ineficacia de las autoridades, sino que crece en la ciudadanía la desconfianza con respecto a la solicitud e imparcialidad de los agentes del Estado. Al generalizarse tal sentimiento, poco a poco aumenta el número de los ciudadanos que se abstienen de formular quejas y presentar denuncias por hechos atentatorios de sus derechos fundamentales.

La impunidad obra pues, como un elemento que desestimula en el ciudadano la voluntad de poner en conocimiento de la autoridad pública las irregularidades, los excesos y las negligencias.

La impunidad erosiona los cimientos de la sociedad en todos los aspectos. Pero la impunidad, además, hace crecer en el violador de Derechos Humanos retorcidos sentimientos de superioridad y de seguridad que lo llevan a reiterar sus abusos. Tal vez por ello dijo burlonamente Sartre que “no hay nada tan respetable como una impunidad largamente respetada”.

Un ejemplo vivo de impunidad, lo brinda hoy la corrupción en la Unachi:

1. 10% del presupuesto, que por ley debe ser invertido en investigación, desde el inicio de la actual administración, ha sido manejado por la vicerrectora administrativa, Rosa Moreno, mano derecha de la rectora

2. Por Ley, el consejo administrativo debe administrar el presupuesto de la institución, pero en un consejo administrativo se le dieron superpoderes a la rectora y no necesita pedir autorización al Consejo Administrativo.

3. Nepotismo a todos los niveles, nombramiento del esposas, hijos, hermanas y primos.

4. Casos de robo de dinero en finanzas, material de construcción e insumos generales,

La impunidad impera gracias a la inacción de las autoridades y el silencio cómplice de la sociedad.