Esta vez, ¿se mejorará nuestra renqueante democracia electoral?

Como se ha venido anunciando, tal vez, la principal tarea que le corresponderá evacuar a la Asamblea Nacional, cuando reanude sus sesiones ordinarias el próximo 1 de julio, será la discusión del proyecto de las reformas electorales que eventualmente “mejorarían” las reglas bajo las cuales se realizarán los comicios del 2029.

Desde hace ya décadas, después de cada elección, el Tribunal Electoral convoca a una revisión de las normas electorales, con el supuesto objetivo de que sean el fundamento que asegure la mejor expresión de la voluntad popular. En esa tarea, que tiene como punto de partida el anteproyecto que preparan los magistrados, estos y los representantes de los partidos políticos siempre han tenido y tienen la voz decisiva, pues, aunque en la mesa de discusiones que se conoce como la “Comisión Nacional de Elecciones”, también participan el denominado “Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales” y otros representantes de la sociedad civil, la práctica ha demostrado que su papel es más simbólico que decisivo, como quedó demostrado con los forcejeos y los tira y afloja del último ejercicio.

Una vez concluyeron las reuniones de la susodicha comisión, los triunviros del Tribunal aclararon que ellos asumirían la tarea de darle forma final al anteproyecto de las reformas y de presentarlo a la Asamblea Nacional, paso que, hasta donde se conoce, está pendiente de que se cumpla. Después del tiempo transcurrido desde el cierre de los debates en la Comisión, y dado que los aludidos han tenido tiempo sobrado para “perfeccionar el proyecto”, sería oportuno que estos levantarán el velo del misterio y con la prolijidad y amplitud que emplean para divulgar acciones de menor importancia, de una vez por todas, hagan del conocimiento publico el texto que ellos “han consensuado”. El pueblo, que es el único soberano electoral y cuyas prerrogativas y derechos están supuestas a asegurar las normas electorales, tiene el derecho a conocer, con suficiente antelación, qué es lo que se llevará a la Asamblea.

El Tribunal Electoral y los partidos, siempre es bueno recordárselos deben ser instrumentales para la manifestación soberana del pueblo.

Entre los temas que, según trascendió de los debates de la Comisión Nacional de las Reformas Electorales, no encontraron vía expedita o no fueron siquiera tratados hubo varios que siguen gravitando negativamente en nuestros procesos electorales: 1) Los absurdos artículos 203 y 204 del Código Electoral que, en abierta violación del artículo 141 de la Constitución, han transformado en obligación del Estado subsidiar, de manera continuada y no solo durante los procesos electorales, con sumas que exceden los 100 millones, a los partidos políticos, 2) La correcta interpretación del artículo 177 constitucional que, en una abierta tergiversación de su sentido literal, el Código Electoral desfiguró para instaurar la elección de los presidentes por mayoría relativa, peligrosa deriva que, haciendo los números y ante la eventualidad de 8 ó 9 candidaturas presidenciales puede dar lugar a que sea proclamado un candidato o candidata que apenas supere el 15% de los votos emitidos, 3) La revisión del método para la elección de los diputados al Parlamento Centroamericano, tema que dadas las circunstancias que son del dominio público hace mucho tiempo debió cambiarse, habida cuenta de que, como está más que demostrado, solo ha servido para patrocinar privilegios.

Cumpliendo con sus deberes elementales, a estas alturas y sin esperar a que llegue el 1 de julio, sino ya, los magistrados debieran, mediante una comparecencia pública, explicar, uno, los contenidos esenciales y justificar la conveniencia de las reformas que propondrán y, dos, explicar porque temas como los arriba mencionados, de indiscutible trascendencia para purificar nuestra renqueante democracia electoral no están incluidos en el proyecto.

Es cierto que los magistrados podrían escudarse alegando que ellos se circunscriben a trasladar “los consensos producto de los debates de “la Comisión”; pero, ante esa posibilidad, es bueno recordarles que, precisamente por su insistencia y, de hecho, se han arrogado en exclusiva, la iniciativa legislativa en la materia electoral.