• 23/09/2022 14:13

Flexibilización cuantitativa en una economía dolarizada

En Panamá no tenemos banco central y el uso del dólar limita la capacidad de gestionar la liquidez en el sistema

En un país con soberanía monetaria, el banco central utiliza sus herramientas para gestionar la economía y cumplir el mandato asignado. En Estados Unidos, esto es, mantener una estabilidad de precios y promover el máximo empleo posible. En términos más básicos, esto significa la gestión de la liquidez en el sistema para que la empresa privada genere las metas establecidas.

En Panamá no tenemos banco central y el uso del dólar limita la capacidad de gestionar la liquidez en el sistema, dejando a la economía nacional, a merced de políticas económicas estadounidenses que además de impactar la liquidez, impactan el valor del dólar. A través de los años, Panamá no ha tenido problemas.

Las políticas monetarias contractivas estadounidenses han podido ser mitigadas a través de políticas fiscales locales y el fortalecimiento del dólar, aunque limita las exportaciones de bienes, fortalece las exportaciones de servicios como los del Canal y los puertos. No obstante, luego de la crisis del 2008 y del COVID-19, hay una necesidad de innovar con estrategias de gestión monetaria para mitigar los impactos domésticos que tienen los cambios en las políticas de la Reserva Federal (FED).

La FED baja las tasas de interés para aumentar la liquidez en el sistema y generar mayor actividad económica en EE.UU. Una mayor liquidez permite una mayor velocidad del dinero que produce más actividad empresarial de inversión y consecuentemente, de consumo a través de los salarios generados. Por otro lado, la FED sube las tasas de interés limitando la liquidez del sistema para reducir los impactos de un sobrecalentamiento económico que conlleva a la inflación.

Panamá deriva sus dólares del sector comercial externo que incluye activos como Tocumen, los puertos y el Canal, entre otros, y actividades como el turismo. Estas actividades tienen impulsores diferentes y generan un ecosistema especial que brindan estabilidad monetaria a un país sin capacidad de imprimir dinero. Panamá también tiene un sector interno cuyos sectores incluyen a la agricultura, la manufactura y las ventas al detal, que aunque tienen menor participación en el PIB, mantienen un alto número de empleos y son generadores de salarios que permiten mantener la actividad económica. Todo ha estado bien, pero hoy tenemos un problema.

La FED está reduciendo la liquidez en el sistema para atacar a la inflación en EE.UU., pero esta vez Panamá necesita liquidez para salvar a sus PYMES, que comprenden el 96% de las empresas panameñas y que junto con el sector informal contratan a 3 de cada 4 panameños. Entonces, ¿qué hacemos?

Lo tradicional es aceptar las altas tasas de interés de EE.UU. que tienen un impacto a nivel nacional y pedir prestado para pagar el déficit generado por la reducción de ingresos fiscales y el aumento de intereses de la deuda externa- esto limita la generación de liquidez en el sistema porque los gastos de servicio a la deuda salen de la economía nacional/se incluyen en el nuevo préstamo. No obstante, el proyecto de Ley 462 permite la inyección de liquidez, la reactivación económica y esto se realiza sin un aumento en la deuda del Estado.

El proyecto requiere que las entidades del gobierno certifiquen con una fecha de pago fija e irrevocable aquellas deudas de bienes y servicios que han sido aceptadas a satisfacción, que cuentan con partidas presupuestarias previamente asignadas y que han sido cedidas por un proveedor a un Fideicomiso Privado que sirve de plataforma de mercado de manera digital.

Con esto, las PYMES pueden obtener liquidez inmediatamente vendiendo sus facturas certificadas a través de descuento por Pronto Pago a inversionistas que buscan un mayor retorno de inversión en activos que sean transparentes y seguros.

En esta transacción, que es libre de costos para las entidades del gobierno, las entidades gubernamentales tienen la opción de pagar al intermediario hasta en 360 días, con el presupuesto del año entrante, sin aumentar la deuda pública interna, ni incurrir en gastos de estructuración de deudas, ni costo de intereses. Es decir, el gobierno reactiva la economía sin tener que endeudarse ni arriesgar perder el grado de inversión.

Así, el gobierno obtiene una parte del margen de venta y del margen de compra de la deuda, lo que le permite una liquidez para pagar las deudas corrientes, sin tener que pedir prestado para pagar la deuda, y la PYME obtiene liquidez de una manera inmediata. Pero esto no es un factoring.

Para el factoring las PYMES deben presentar sus estados de cuenta y pasar por comité de crédito bancario, los cuales, en tiempos de riesgos, limitan los préstamos a empresas con el menor riesgo y dejan por fuera a la mayoría de las PYMES. Hoy día, solo se ha colocado del 8% el capital prestado para contrarrestar el efecto de la pandemia. En tiempos de crisis y de riesgo, los bancos limitan el crédito automáticamente por su naturaleza y el atraso en los pagos a las PYMES limita que las mismas puedan cumplir con sus obligaciones bancarias creando un círculo vicioso de deuda que es negativo para el crédito. En este sentido, el proyecto ayuda a los bancos a estabilizar sus entradas.

Algunas preocupaciones al proyecto debido a su posible impacto en la asignación de la partida presupuestaria, pero esto no es un problema.

Cada año la asamblea asigna una partida para gastos que se contratan de PYMES, pero la misma se pierde si la misma no es utilizada para los pagos en el mismo año de la partida. El proyecto le brinda flexibilidad adicional en la administración del presupuesto del Estado al Ministerio de Economía y Finanzas al permitirle atrasar el pago de una deuda, que no puede pagar con los recursos actuales, hasta en 360 días para ser pagada al Fideicomiso Privado con el presupuesto del año entrante, mientras que el proveedor obtiene liquidez inmediatamente.

Una recomendación para modificar el proyecto de ley puede ser que se ponga un límite máximo del monto máximo a las facturas, lo que deja flexibilidad para la reasignación de partidas en casos necesarios tanto para la Asamblea Nacional como para el MEF.

Si no se paga la deuda, las PYMES deben ver cómo cobrar con partidas del presupuesto del nuevo año y esto crea un gran problema con transparencia y genera externalidades negativas que afectan a la institucionalidad del país–las PYMES necesitan capital para cubrir sus gastos y el no poder cobrar sus cuentas con el Estado les deteriora sus cuentas y la capacidad de seguir generando actividad económica.

El miedo del gobierno es que el mismo tenga que pagar una deuda en el año en curso, sin partida asignada. Usualmente, esta deuda no pagada queda en cuentas por pagar dentro de los libros del gobierno hasta que se pueda liberar-dejando a la PYME financiando la deuda y esto, no es nada transparente ni eficiente. Todos los bienes que el gobierno compra deben ser pagados para que las empresas mantengan su liquidez para operar incluyendo el pagarle al banco y su atraso, no es correcto ni favorable para la economía. Esto se arregla, con la certificación de la deuda.

La certificación de asegurar el pago irrevocable por la compra de un bien o servicio obtenido a conformidad bajo el proyecto Ley 462 y tiene varias vertientes de impacto. Por un lado, las PYMES aseguran liquidez por la venta de su factura; por el otro, los inversionistas ganan un mayor retorno que el disponible dentro del país por inversiones de riesgo similar; y finalmente, el gobierno puede controlar la liquidez sin tener que aumentar deuda.

El gobierno puede usar los ingresos generados de los márgenes de venta y de compra para así manejar los pagos corrientes de la deuda. Esto crea una herramienta efectiva para tiempos de crisis, donde las recaudaciones bajas más de lo esperado. Pero puede ser utilizada en períodos de bonanza. De esta manera, el proyecto de Ley 462 puede servir como herramienta de flexibilización cuantitativa sin tener que aumentar la deuda pública y sin la capacidad de imprimir dinero. Esta es una manera innovadora de panameñizar las políticas monetarias extranjeras para el bien de Panamá.

El autor Eddie Tapiero es economista

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