No hay voluntad para evitar defraudación fiscal

Hasta asesores del Gobierno de Estados Unidos anuncian que vienen a ayudar a la Dirección General de Ingresos (DGI), para que sea más eficaz en evitar la defraudación fiscal, flagelo de muchos de nuestros países, que tanto merma sus ingresos. Por otro lado, viendo esa realidad, en días pasados, el encargado de negocios de la embajada norteamericana aquí, Stuart Tuttle, algo que no se atreverían hacer en Turquía, nos restriega que el problema de la justicia en nuestro país es que “No se dan condenas”. Esta apreciación también incluye, por la experiencia que he vivido, a la DGI.

El 11 de diciembre de 2019, a pocos meses de iniciada la gestión del presidente Cortizo, presenté ante la DGI “Denuncia por presunta evasión, omisión, no retención, apropiación, defraudación de tributos y cualesquiera otras infracciones sancionadas o conductas de defraudación establecidas por el Código Fiscal y demás leyes tributarias”. Esta denuncia, que bien podría producir algunos millones al erario, con la velocidad del rayo, inusitada para la recién instalada nueva dirección de la DGI, con fecha 3 de enero, “ordenó el cierre y archivo” de mi denuncia, Según ellos, carecía de fundamento.

Presenté el 17 de febrero de 2020, Recurso de Reconsideración ante tal decisión, que consideré inapropiada ante el cúmulo de evidencias presentadas y que la DGI, simplemente no le prestó atención alguna. Presenté dos impulsos procesales ante la demora en resolver tal recurso, el primero el 30 de julio de 2020 y el segundo, el 17 de septiembre de 2020. Finalmente, mediante resolución de 1 de septiembre, me notificaron el 24 de la negativa de la DGI en considerar reconsiderar dicha resolución. Apelé tal decisión ante el Tribunal Administrativo Tributario (TAT) el 12 de octubre de 2020, celebrándose la audiencia correspondiente el día 24 de febrero de 2021.

Ese día, comparecimos al TAT. Presenté mis descargos, como la colega de la entidad estatal. Manifesté a los magistrados mi interés de que la justicia tributaria se aplicará a todos los ciudadanos por igual, importando poco si el denunciado tuviese o no influencias poderosas. En la audiencia, los magistrados, sorprendidos, escucharon al representante de la DGI decir que no se había hecho ninguna auditoría para determinar si la denuncia presentada por mí tenía algún fundamento. Igualmente, se concluyó que tampoco habían verificado el país donde se había redomiciliado la empresa denunciada, justificación básica de nuestra denuncia para así evitar pagar lo que correspondía en impuestos. Sorpresa para todos.

Desde febrero de 2021 el resultado de la audiencia se demoró demasiado tiempo. Llegó el 30 de septiembre, 7 meses después, y el TAT cambió de magistrados. O sea, que los magistrados que conocieron de este caso, quizás por la papa caliente que tenían en sus manos, decidieron dejarlo para sus reemplazantes que asumieron sus cargos el pasado 1 de octubre.

No es necesario explicar lo demorado que ha resultado este caso de denuncia fiscal. Después de siete meses de haberse realizado la audiencia, los magistrados que atendieron la misma prefirieron dejar su análisis a quienes lo reemplazaron. ¿Justificable? Los nuevos magistrados, como quien mira con desdén a quienes nos atrevemos a reclamar nuestros derechos constitucionales de poder acceder a un sistema judicial rápido y expedito, seguro mantendrán la decisión de no acceder a mi petición, abriéndome la puerta para acudir a la Sala III de la Corte Suprema de Justicia.

¿Actitud derrotista? Jamás me rendiré. Es lo que me toca pensar cuando el nuevo presidente del TAT, antes era director legal de la DGI, algo que me parece inapropiado, porque hace dudar de su independencia e imparcialidad. No sé si eso será óbice para que se declare impedido en todos los casos que conoció en su anterior puesto público, para lo cual ya lo hemos recusado en este caso. ¿Para qué lo nombraron entonces?

Frente a esta denuncia que pronto cumple los dos años de trámite, solo me queda una conclusión: el Gobierno quiere más recursos ante la reducción de sus entradas producto de la pandemia y por todos lados nos dice que lucha contra la defraudación fiscal.

¿Qué puedo decir? Tenemos una justicia tributaria lenta e ineficaz, además de engorrosa. Pareciera que, para la DGI, los enemigos somos los denunciantes, no los que, con sus acciones legales y sus rimbombantes abogados, y quizás con sus grandes conexiones, evaden pagar los impuestos que les corresponde tributar.