Incentivos fiscales, inversión y generación de empleo

Panamá continúa en su proceso de recuperación luego de la peor catástrofe económica y laboral de su historia. En el 2020, la empresa privada perdió a 364 mil trabajadores asalariados (42% del total) y a otros 284 mil (32%) se les suspendieron sus contratos laborales. tres de cada cuatro empleos formales de la empresa privada desaparecieron o fueron suspendidos. 15% de los trabajadores suspendidos no recuperaron sus empleos.

La economía panameña crece impulsada por el sector externo, concretamente, las exportaciones de cobre, mayores ingresos del Canal y la actividad de la Zona Libre de Colón. Pero esto no se ha traducido a empleos.

A pesar de que en el 2021 se recuperó parte del terreno perdido, entre el 2019 y 2021 desaparecieron unos 250 mil empleos formales del sector privado, incluyendo a los 43 mil trabajadores cuyos contratos fueron reactivados y luego desvinculados, al tiempo que se agregaron 71 mil servidores públicos a la planilla estatal, y hoy hay más de 360 mil panameños que reciben el Vale Digital porque no encuentran trabajo.

Son cada vez más frecuentes los informes y encuestas sobre la creciente preocupación con respecto al empleo. Las señales de alarma “suenan por todas partes”. La más reciente es el Índice de Confianza del Consumidor Panameño (ICCP) de mayo 2022, publicado conjuntamente por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y The Marketing Group, donde el 85% de los encuestados afirmó no tener trabajo o poco probable obtenerlo en los próximos 6 meses, cifra es consistente con los resultados de la Encuesta de IPSOS de mayo 2022, en la cual 93% de los panameños se muestran preocupados por perder su trabajo.

Pero las cifras más contundentes sobre la dimensión y agravamiento de la crisis laboral vienen del Gobierno. La economía no está generando nuevos empleos. En el primer trimestre del 2022, con la planilla estatal más alta de la historia, a la cual entraron cinco mil nuevos funcionarios por mes entre enero y marzo 2022, el número de nuevos contratos laborales tramitados por Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral pasó de 33,626 mensuales en el 2019 (promedio mensual enero-marzo 2019), a 19,632 para el mismo período del 2022, una caída del 42%.

Cuando se hace la comparación enero-abril (2022 vs 2019), la contracción aumenta al 44% y al llevarla a enero-mayo se ubica en 47% (90 mil contratos en el 2022 vs 171 mil en el 2019). Estamos ante una severa crisis laboral que se agrava mes a mes, síntoma del grave deterioro de la confianza para la inversión privada en el país.

La crisis laboral que enfrenta el país no es de empleo, sino de confianza, Sin ésta no habrá inversión privada ni generación de empleos formales, lo cual es particularmente grave en el sector turístico, que si bien plantea una enorme potencialidad de impacto en materia de empleo directo, indirecto e inducido, fue una de las actividades más golpeadas por la pandemia, perdió un tercio de su fuerza laboral, hoy se encuentra actualmente “secuestrada” por la paranoia sanitaria, y en las actuales condiciones, ofrece pocas perspectivas para la explotación rentable de nuevos negocios.

En este contexto, recientemente se aprobó en tercer debate en la Asamblea Nacional, el proyecto de ley 789, “que modifica la Ley 80 de 2012, que dicta normas de incentivos para el fomento de la actividad turística y otras disposiciones".

La normativa busca incentivar a los inversionistas particulares para el desarrollo de hospedaje público, turísticos o ampliaciones de los existentes, incluyendo los servicios complementarios inscritos en el Registro Nacional de Turismo, en áreas de interés, con excepción de los ubicados en el distrito de Panamá.

Han surgido opiniones encontradas. Por un lado, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, así como algunos miembros de la sociedad civil han solicitado su veto al Presidente, Laurentino Cortizo, calificándolo como inconveniente e inconsulta.

En contraste, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, (CONEP) y la Red de Centros de Competitividad Regionales Occidental, Central, Colón y la Región Oriental han sugerido su sanción.

La utilización de incentivos fiscales para estimular la inversión es una estrategia viable, particularmente en la coyuntura actual. Hace falta consensuar, ajustar y viabilizar, a fin de aterrizar en un instrumento que refleje los intereses de todas las partes. No habrá generación de empleo sin inversión privada, ni inversión privada sin las perspectivas reales de explotación de un negocio rentable y sostenible. 80% de “algo” siempre será más que 100% de “nada”.