IVM: paramétricas y control de las reservas

Los sectores privatizadores de la seguridad social (empresarios y Gobiernos de toda la partidocracia, seudoindependientes) han venido insistiendo y presionando en los últimos días en reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS), por la aprobación de una resolución que pretenden entregar al Ejecutivo, una resolución para que tome decisiones frente al tema de IVM, que incluye administración de fondos de los asegurados por manos privadas y medidas paramétricas; es decir, los claros intereses del poder económico. Resolución que no ha alcanzado la aprobación en Junta Directiva, pero que el sector empresarial quiere llevar al Ejecutivo a sangre y fuego, aún cuando ello signifique extralimitación de funciones.

Lamentable cómo algunos seudodirigentes sociales asumen estas mismas posiciones, tal como lo hicieran en el 2005 a través del Pacto de Gamboa, donde entregaron los intereses del pueblo panameño fuera de la mesa de diálogo. Hoy, el informe de la OIT reconoce que la magnitud del problema de IVM en el sistema de beneficio exclusivamente definido (sistema solidario) se debe a la Ley 51, que cerró desde el 2008 el ingreso de nuevos cotizantes a este sistema sin sustento técnico, tal como lo denunció Frenadeso en su momento.

Frenadeso ha advertido que no descarta que dicha resolución puede obtener los votos que le faltan para su aprobación vía “la representación gubernamental o mediante el chantaje y prebendas a otros grupos tal como ha ocurrido en el pasado”. Los representantes de Conusi en la Junta Directiva de la CSS han rechazado las pretensiones de la patronal votando en contra de esta resolución.

Los trabajadores debemos tener claro que los empresarios avalan e impulsan las “recomendaciones” de la Junta Técnica Actuarial, conformada por actuarios u otros profesionales, que provienen de bancos, aseguradoras y administradoras de fondos de pensiones interesadas en la privatización de los fondos de la CSS.

A qué aspiran los empresarios:

Aumento de la edad de jubilación a 65 años, mujeres ocho años más y hombres cinco años más. Y de allí, paulatinamente, hasta los 70 años de edad. En un mercado laboral inestable, el riesgo de no pensionarse crece exponencialmente.

Aumento del monto mensual de la cuota obrera. Incremento de la cantidad de cuotas para jubilarse, hoy en 240 cuotas (20 años), pasar a 300 (25 años y pérdida de 6.25 en la tasa básica de reemplazo) o 360 (30 años y pérdida de 10.5 en la tasa básica de reemplazo), si y solo si, usted mantenga su estabilidad laboral (contratos por tiempo indefinido). Disminución de las pensiones y jubilaciones mediante cuentas individuales o de ahorro que son una falacia y que han resultado en un rotundo fracaso en otros países como Chile y Colombia, pues con este mecanismo los jubilados y pensionados cobrarán entre 20 %, 30 % o menos de lo que reciben hoy con el sistema solidario, incluso menos de lo que sugiere el convenio 102 de la OIT no ratificado por Panamá. Hablamos de pensiones y jubilaciones por debajo de los 250 balboas en su mayoría, es decir, menos que el promedio actual. Son pensiones de miseria que no consideran el incremento del costo de vida en el futuro.

Hoy, empresarios plantean tres pilares, uno de ello, el no contributivo (algo así como legitimar el “120 a los 65”), sin considerar que cabe en ellos y sus Gobiernos la situación que viven más de 300 mil panameños, producto de la política de flexibilización laboral neoliberal, que generó informalidad laboral; o producto de un sector empresarial que intensifica ritmo de trabajo para no generar nuevas plazas de empleo, o que no trasladaron la cuota de la seguridad social a la Caja, lo que ha negado el derecho a la pensión de miles de panameños. Como dijera un economista, trasladan el costo de las fallas del mercado al pueblo humilde y trabajador.

Los empresarios, a través de la resolución que pretenden imponer, también proponen cambios legales para la privatización de los fondos de los asegurados y colocarlos en la ruleta rusa de la especulación financiera, así como apuntalar los grandes negociados de empresarios corruptos mediante varias modalidades, entre ellas, la de Asociación Público-Privadas (APP).

Llama la atención, que, según el Informe de la OIT, las reservas que en 2035 alcanzarán más de 21 mil millones hasta llegar al 2095 a casi 200 mil millones de dólares, sin contar el de las llamadas cuentas individuales y los fondos de los otros programas de la institución. ¿A qué aspiran los empresarios? A asegurar el control absoluto de las reservas.