• 05/11/2018 01:01

La jaba de mimbre

El Tribunal, integrado por tres magistrados nombrados ad eternum , interpreta y aplica privativamente la Ley Electoral 

H e martillado en varias ocasiones sobre el tema de la ‘democracia' y, en particular, en torno a los contenidos que los ideólogos de las minorías nos ofrecen sobre ese concepto. Si Estados como Venezuela y Nicaragua o Italia, Inglaterra y Estados Unidos, consideran que mantienen un sistema político democrático, entonces se nos puede ocurrir que la democracia es una especie de baraja comodín, que se adapta a cualquiera circunstancia en el juego del poder. Si se le añade que ahora se discurre sobre las democracias de derecha y las democracias de izquierda, llegamos a creer que la democracia es como el Sol, que a todos alumbra por igual. Lo cierto es que la democracia de hoy se nos presenta como aquellas jabas tejidas con mimbre que otrora usaban las señoras en sus compras de mercado: su contenido era diverso, pero todas eran jabas de mimbre.

El Estado panameño que, según un chiste de mal gusto que registra la Constitución Nacional, es ‘soberano y democrático', ha mantenido desde siempre una jaba de mercado desprovista de los elementos básicos de la democracia. El bienestar de la población, contenido elemental y amplio de la democracia, que se vincula con la educación, la salud, el trabajo, la vivienda y el ejercicio popular del poder público, no es parte del sistema político panameño. Los ideólogos que trabajan para beneficio de la clase política tradicional, solo se han interesado en incorporar a la jaba de mimbre el derecho al sufragio y consideran que por la vía del voto se agota la participación popular en el ejercicio del poder. Para ellos la emisión del voto es la democracia. Esta idea dolosamente distorsionada y limitada, está tan sólida y profundamente arraigada en la conciencia del pueblo, que resulta que este llega a considerar seriamente que con su voto puede cambiar el contenido de la jaba de mimbre. Cuando descubre que nada cambia, ya los ideólogos le han vendido la idea de que en las próximas elecciones su voto sí puede hacer la diferencia. Entonces el pueblo espera, totalmente convencido, que llegue aquel mayo pronto, aquel mayo que nos trae la esperanz a del cambio del contenido de la jaba.

Para que la jaba de mercado siga con el mismo contenido y nada cambie en beneficio del pueblo, la clase política dominante ha depositado en el Tribunal Electoral la responsabilidad de controlar, en el aspecto formal (jurídico), el único sostén de la democracia panameña: el sufragio. Esa exclusividad de decisión que la Constitución y la Ley le otorga al Tribunal Electoral, para garantizar lo que llaman ‘libertad, honradez y eficacia' del sufragio, hace que sea esta Institución —y no la sociedad— quien decida la anchura y profundidad de la participación ciudadana en el sistema electoral. El hecho, por ejemplo, de que sean solo tres candidatos independientes los que puedan aspirar a la Presidencia y no todos, es una decisión unilateral y arbitraria del Tribunal Electoral, tanto o más como la malvada decisión de anular firmas porque se les ocurren falsas o que se le obligue al candidato a iniciar su campaña política cuando a los magistrados (cuya voluntad es la expresión de la Ley) les viene en ganas. Ser panameño por nacimiento y haber cumplido treinta y cinco años de edad, son los requisitos constitucionales para ocupar la Presidencia de la República, sentencia la Constitución, pero los candidatos serán aquellos que disponga el Tribunal Electoral. La Ley Electoral le otorga al pueblo el derecho de poner los votos, pero al Tribunal Electoral el derecho de poner los candidatos. Esta trampa oficializada en la regulación del sistema político electoral, favorece exclusivamente a la clase política dominante enquistada en los partidos políticos y minimiza, por no decir anula, la posibilidad real de participación de los candidatos independientes.

El Tribunal, integrado por tres magistrados nombrados ad eternum , interpreta y aplica privativamente la Ley Electoral y decide cuándo ‘sí se pudo' y cuándo ‘no se puede', dependiendo de los intereses políticos del momento. Haciéndola una Institución formalmente independiente, la clase política tradicional tiene la excusa perfecta para endilgarle al Tribunal Electoral o a su Ley y reglamentos, las deficiencias o sobresaltos de las campañas políticas y las elecciones. Cuando, por ejemplo, se le pregunta a un miembro de la clase política tradicional si está de acuerdo que sean tres los candidatos independientes a la Presidencia, no vacilará en responder: ‘Eso es decisión de los magistrados del Tribunal Electoral'. El voto popular, única expresión democrática que tiene la sociedad panameña en la jaba de mimbre, queda así prisionero de la voluntad de aquellos señores que imponen las reglas del sufragio.

En la jaba de mimbre no se encuentra ninguna otra expresión de democracia que no sea el sufragio, el sufragio cautivo por los intereses políticos del Tribunal Electoral. ¿Alguien a estas alturas cree, por ejemplo, que es la sociedad quien decide el monto de los empréstitos internacionales que elevan a cifras impagables la deuda externa del país? ¿Quién será ese que considera, por ejemplo, que es la sociedad quien decide con qué países vamos a firmas convenios comerciales que pueden ser leoninos para la Nación? ¿Quién será el que puede creer, por ejemplo, que es la sociedad quien decide promover una ley para que se eleven los impuestos y pueda la casta política disponer de más dineros para sus cajas registradoras? A parte de dos temas puntuales relativos al Canal y a la reelección presidencial, ¿qué más se le ha consultado a la sociedad para su aprobación o rechazo? Nada.

La sociedad panameña, impulsada por la propaganda política que con extremada inteligencia diseñan los ideólogos del poder, contempla ‘agradecida' la posibilidad de ejercer el sufragio como mecanismo de cambio. Será un cambio para que nada cambie, cosmético, superficial e intrascendente, mientras que no se opte por un sistema donde nuestra jaba de mercado sea portadora no solo de la voluntad soberana del pueblo, sino también de los mecanismos necesarios para la participación efectiva de toda la sociedad en las decisiones que directa o indirectamente le afectan.

ABOGADO

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