Los ‘imperdonables’ de la justicia

El Gobierno anterior calificó como ‘imperdonables’ las obras que consideraba más importantes a cumplir durante su gestión, tales como nuevo transporte público en la capital, rehabilitación de la infraestructura vial del país, mayor seguridad, fomento de la pequeña empresa, mercados públicos, cadena de frío, hospitales, centros MINSA-CAPSI, viviendas de interés social, subsidios a personas en situación de vulnerabilidad social, beca universal. Hoy, la lista de ‘imperdonables’ es de otra naturaleza. No es de obras físicas de costos exagerados; es la sanidad moral que la patria pide a gritos.

A diferencia de aquella lista que derrochó dineros, la de hoy son acciones concretas para reafirmar la decencia nacional mancillada por actuaciones que nos deshonran. No podemos quedar impávidos ante tanta desfachatez: los panameños exigimos sanciones ejemplares por la ruindad en el manejo de los asuntos del Estado en los últimos años. El delincuente comprobado debe ser encarcelado y multado en forma proporcional al perjuicio causado; el castigo debe ser ejemplarizante y se debe reintegrar hasta el último centavo robado, más recargos e intereses.

En 1989 el pueblo pedía ‘justicia’ frente a desmanes contra las libertades ciudadanas, la integridad física y la democracia. Un grito similar de justicia existe hoy; nace de la profunda indignación del panameño por el descaro que se sospechaba y que ha salido a relucir con toda su fealdad; es imposible esconderlo más, como muchas veces en el pasado se lograba. Hoy no podemos quedarnos cómodamente pasivos para ser cómplices soslayando nuestra responsabilidad como ciudadanos decentes en un país decente. Enfrentar estos desmanes requiere voluntad, ecuanimidad, debida preparación y, sobre todo, actitud alerta y vigilante de la ciudadanía. De ahí que me atrevo a proponer que cada quien elabore su lista de ‘imperdonables’ para darle adecuado seguimiento a los procesos de investigación, juzgamiento y sanción de quienes sean hallados responsables. La lista será extensa como muchos han sido los desafueros: MIDES, PAN, MEF, Lotería, AMP, ATP, MOP, MINSA, IFARHU, AMPYME, MINSEG y todos los que aún faltan.

No podríamos excluir a la Corte Suprema, sometida hoy a un vergonzoso enjuiciamiento jurídico y moral ni los abusos cometidos por candidatos a curules en la Asamblea Nacional, reelegidos o no, que han dejado huellas de conductas indignas comprobadas en juicios ante el Tribunal Electoral. De nada sirvió El Bebedero.

No propongo llevar a la hoguera a todo alto funcionario del anterior Gobierno para inmolarlo públicamente por haber sido parte de él. Pero nadie debe estar exento de ser cuestionado e investigado sin apasionamiento de ninguna índole en un proceso transparente apegado a la Ley. ‘Quien no la debe’ será el más interesado en comprobar su inocencia ante las autoridades que corresponda y los medios de comunicación deben ser especialmente sensibles por el impacto que indiscutiblemente tienen en formar opinión pública en una u otra dirección. Permitir la impunidad, por falta de recursos o de capacidad técnica de quienes son llamados a administrar justicia o por falta de la necesaria voluntad política, sería un triste legado que nuestra generación dejaría al país, sin la esperanza de un futuro decente para una sociedad decente.

La lista de agravios ‘imperdonables’ por los desmanes cometidos será seguramente más extensa. Propongo que hagamos cada uno nuestra propia lista para darle seguimiento a las acciones que deben realizar la Contraloría, el Tribunal de Cuentas, el Ministerio Público, el Órgano Judicial, la Asamblea Nacional, en sus respectivas esferas, para actuar con la acuciosidad y valentía debidas que aseguren el castigo a los culpables. Que sirva la degradante experiencia de ejemplo para que estas cosas no ocurran nunca más en nuestro país.

EXDIPUTADA