• 17/11/2026 00:00

La memoria guna del terremoto de 1882 y la tragedia que marcó el archipiélago

Recientemente, Panamá ha experimentado uno de los terremotos más fuertes que ha sacudido más el interior del país, cuyas consecuencias han afectado a todos en diferentes formas que van desde las estructuras, económicas hasta sociales, que genera un impacto negativo inmediato y que requiere una acción inmediata de parte del gobierno. No obstante, revisando la historia del país, hace ya 144 años, específicamente el 7 de septiembre de 1882, ya había ocurrido un sismo potente que golpeó el archipiélago de San Blas, Gunayala, que hoy nos invita a reflexionar de nuevo sobre la vulnerabilidad de las comunidades insulares frente a las fuerzas de la naturaleza.

En 1882, Panamá todavía formaba parte de Colombia. Faltaban más de veinte años para la separación de 1903, y el istmo ocupaba una posición estratégica para el comercio internacional debido a su condición de ruta de tránsito entre los océanos Atlántico y Pacífico. Sin embargo, mientras las ciudades de Panamá y Colón concentraban buena parte de la atención política y económica, en el Caribe las comunidades gunas mantenían una estrecha relación con las islas, la navegación, la pesca y el mar.

La madrugada del 7 de septiembre de aquel año, un fuerte terremoto sacudió el territorio panameño. Las reconstrucciones históricas y sismológicas sitúan su magnitud aproximadamente entre 7,7 y 7,9, aunque algunas fuentes presentan estimaciones superiores. Su epicentro se ubica de manera aproximada en el área de San Blas. Estas cifras son reconstrucciones posteriores, pues en 1882 no existían los instrumentos modernos con los que hoy se mide y registra la actividad sísmica. De acuerdo con registros históricos y reconstrucciones posteriores, el fenómeno produjo olas que alcanzaron varios metros de altura en determinados lugares. La cantidad de víctimas continúa siendo incierta: algunas fuentes documentan alrededor de 75 fallecidos vinculados al tsunami, mientras otras estimaciones elevan el total a aproximadamente a más de 100 fallecidos.

Para el pueblo guna, el mar no es simplemente una extensión de agua que rodea las islas. Es parte de la vida cotidiana, una fuente de alimentación, un espacio de navegación y un componente esencial de la relación con el territorio. Por eso, un fenómeno que altera violentamente las aguas puede poner en peligro mucho más que las viviendas y las embarcaciones: puede afectar la continuidad de la vida comunitaria. Las islas bajas son vulnerables a las inundaciones provocadas por olas más grandes. En estos territorios, el agua puede avanzar rápidamente y afectar espacios habitados, embarcaciones, bienes familiares y lugares de uso comunitario.

Aun con estas limitaciones, la tragedia nos recuerda que las comunidades insulares enfrentan riesgos particulares y que sus necesidades también deben ocupar un lugar central en las políticas de prevención y protección civil. El terremoto de 1882 no debe permanecer como un episodio lejano, limitado a las páginas de la historia. Su recuerdo puede contribuir a fortalecer la educación preventiva y la preparación de las comunidades ante los riesgos sísmicos y los tsunamis que en tiempos actuales se estiman considerablemente sus afectaciones.

Panamá necesita promover una cultura de prevención que incluya a las poblaciones costeras e insulares. En Guna Yala, y en lugares apartados del interior esto implica desarrollar estrategias adaptadas a la geografía nacional, las distancias, las condiciones de navegación y las formas de organización de las comunidades. En 1882, la facilidad de comunicación era difícil para los lugares distantes de la ciudad como San Blas, ya que la versión oral afirma que después de un mes las autoridades nacionales se enteraron de lo que había ocurrido en las costas del archipiélago, gracias a un comunero que había viajado a la ciudad. Por eso, recomiendo que las autoridades competentes, las instituciones educativas y los congresos comunitarios pueden trabajar conjuntamente en la preparación de materiales informativos en las lenguas pertinentes, la identificación de lugares seguros y la elaboración de protocolos de evacuación adecuados a cada localidad.

La educación también debe enseñar a reconocer las señales naturales de peligro. Si ocurre un terremoto fuerte o prolongado cerca de la costa, o si el mar se retira repentinamente de una manera inusual, las personas deben alejarse de la orilla y dirigirse a un lugar seguro, sin esperar una alerta oficial. O quizá es importante seguir recomendando las opciones de tierra firme como lugares más seguros para vivir como la iniciativa que tomó una comunidad en Gardi que ahora tiene por nombre Isberyala.

Las comunidades que viven en contacto permanente con el mar poseen experiencias que pueden contribuir a comprender las condiciones del territorio. Su participación debe ser real y respetuosa, sin sustituir la investigación científica ni las recomendaciones técnicas, sino complementándolas. Responderla requiere investigación, diálogo con las comunidades y recuperación responsable de las fuentes orales y escritas. Requiere, además, que las instituciones educativas y culturales reconozcan el valor de estudiar la historia desde las perspectivas de los pueblos originarios.

No se trata de alimentar el temor a los terremotos, sino de comprender que vivimos en un territorio expuesto a diferentes amenazas naturales y que la preparación puede contribuir a proteger vidas. La memoria histórica adquiere verdadero sentido cuando ayuda a construir una sociedad más consciente, solidaria y preparada.

* El autor es profesor
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