La mina y los puertos: aclaraciones necesarias e impostergables

En las más recientes ventilaciones públicas del caso de la mina de cobre de Donoso, los comentarios se centraron en la denominada “auditoría integral” contratada con una empresa internacional y sus eventuales resultados; pero no se abordaron y, por tanto, siguen pendientes interrogantes que, de no ser respondidas con absoluta claridad, pueden retrotraernos a las confrontaciones que terminaron zanjadas por el fallo que anuló el contrato suscrito y prorrogado por el Estado.

Para establecer un punto de partida, el gobierno no debe seguir “mareando la perdiz”, sino responder, sin demora, si ha decidido reanudar, o no, la explotación de la mina. Su respuesta, si es positiva, daría lugar a varias interrogantes consecuentes; si es negativa, a otras diferentes. Veámoslas por separado.

Si la decisión es reabrir la mina, cabrían algunas, como las siguientes:

1) ¿Existe o no existe un acuerdo con Minera Panamá, para que vuelva a hacerse cargo de la explotación?

2) ¿Si no es Minera Panamá la que vuelva a explotar la mina, bajo que condiciones y por quienes sería explotada?

3) ¿Si Minera Panamá quedara excluida de la explotación, cuál sería la suerte de las reclamaciones multimillonarias que esta tiene presentadas y que no han sido retiradas?

Si la decisión es no reabrir la mina, cabrían otras, como las siguientes:

1) ¿Cómo se solventarán las reclamaciones de las indemnizaciones que tiene presentadas Minera Panamá?

2) ¿Cuáles son las medidas que se tomarán y los costos para reparar los daños ambientales que han quedado como secuela de la explotación minera?

Teniendo en cuenta la campaña que se ha montado por diversos sectores interesados en que se reanude la explotación de la mina, a la que debe sumarse la falta de transparencia de parte del gobierno para definir su posición, si alguna conjetura cabe, esta es que se está sistemáticamente ablandando a la opinión pública para el eventual anuncio de la reapertura de la mina.

El tema de la mina, al igual que otros, como el de los puertos que demandan de mayor transparencia de parte del gobierno, exigen aclaraciones que no deben seguirse postergando.

Por lo que trasciende, la ACP seguirá adelante con las licitaciones para la construcción de los dos puertos en las riberas del Canal. Y si a esos proyectos se suma el todavía menos aclarado de la futura concesión para la construcción de otro en la denominada Isla Margarita, en suma y por nuestra dimensión geográfica, difícilmente se encontrará otro país que tenga o aspire a tener tantos puertos, concentrados en áreas tan próximas. ¿Son estos estrictamente necesarios y, eventualmente rentables?

En cuanto a la explotación minera, con el precedente del fallo que declaró inconstitucional la concesión que la otorgó, no se requiere de mucho esfuerzo para suponer que habrá una futura acción judicial para atacarla, con las consecuencias que son previsibles.

En el tema de la proliferación de los puertos, aparte de que es necesario que se aclaren aspectos como los ya apuntados, de su necesidad y rentabilidad, sigue también pendiente que se ventile y dilucide si la Autoridad del Canal tiene la facultad de disponer de los excedentes de la operación del canal, que por mandato deben ingresar al Tesoro Nacional, para comprometerlos en inversiones que, so pretexto de que son “actividades conexas”, no son esenciales para la operación del canal, en los términos en que las define, en su tercer párrafo, el artículo 320 de la Constitución.

“En el Presupuesto (de la ACP) se establecerán las contribuciones a la seguridad social y los pagos de las tasas por servicios públicos prestados, así como el traspaso de los excedentes económicos al Tesoro Nacional, una vez cubiertos los costos de operación, inversión, funcionamiento, mantenimiento, modernización, ampliación del Canal y las reservas necesarias para contingencias, previstas de acuerdo a la Ley y su Administración.”

¿Cabe en ese texto la aventura multimillonaria de los puertos que ha decidido emprender la ACP?.