La reforma que empobrece a toda una generación

Ya ha sido aprobada la reforma al sistema de pensiones, cuyo fundamento principal es el modelo fracasado de las cuentas individuales. Pese a la abrumadora evidencia del nocivo efecto social que las cuentas individuales tienen sobre la suficiencia de las pensiones, la mayor parte de los diputados decidió darle una palmada en la espalda al gobierno de Mulino y al empobrecedor sistema de capitalización con garantía solidaria.

No importó la serie de cuestionamientos al hecho de utilizar, para el diseño y debate de la ley, un modelo actuarial del que no se conoce ninguna publicación, en lugar de uno más riguroso y discutido como el de la OIT. Tampoco surtieron efecto las numerosas intervenciones en primer debate que manifestaron, desde sectores muy diversos, la inconformidad con el modelo propuesto por el proyecto 163.

Con la Ley 462, Panamá implementa un sistema de capitalización con garantía solidaria, que de solidario solo tiene la palabra, y donde los trabajadores poseeremos una cuenta individual que determinará por completo nuestra jubilación, igual a la forma en que operan los fondos privados.

Ahora bien, ¿cómo se verán afectadas las pensiones? Se trata de un esquema a duras penas distinto del creado por la reforma de 2005, y esto principalmente por la incorporación de una pensión indexada a la inflación. Hay una brecha abismal entre las pensiones que se obtienen por el sistema de beneficio definido (solidario) y el sistema propuesto en la reforma, brecha que impacta, sobre todo, a las personas de menores ingresos. Y esta diferencia tan solo disminuye con aportes de cuotas que superen los 35 años ininterrumpidos, una realidad inalcanzable para un gran número de trabajadores sumidos en la precariedad, el desempleo y el trabajo informal.

¿Por qué impulsar un sistema que empobrece a toda una generación? Varios diputados independientes, los responsables de inclinar la balanza para la aprobación del proyecto, han defendido la suficiencia de las pensiones que otorgará el sistema. Este argumento toma por ingenua a la población. Los defensores de la reforma deberían ser honestos e indicar que se preocupan más por la situación fiscal del país que por la suficiencia de las jubilaciones.

De igual manera, deberían desnudar sus posiciones ideológicas, ocultas bajo apelaciones a un supuesto sentido común. Durante este debate, se ha mencionado continuamente la sostenibilidad del sistema, pero los impulsores de la reforma se han valido de un concepto falaz de sostenibilidad, catalogando un sistema sostenible tan solo si es capaz de financiarse a sí mismo. En el sentido de la seguridad social, esta no es una definición válida, pues deja de lado la responsabilidad del Estado con el bienestar de los trabajadores durante su retiro. Lo anterior es una posición ideológica que antepone el individualismo a cualquier otra visión de la seguridad social.

Tan pronto estas posiciones quedan claras, el debate es mucho más provechoso, y la solidez lógica de los planteamientos puede evaluarse mejor. Respecto a la sostenibilidad del sistema de pensiones, realicemos una comparación sencilla: los diputados no generan ni un solo centavo, ni podríamos hacer depender su salario del valor económico que aportan. Pese a ello, sería una ridiculez indicar que la Asamblea Nacional es insostenible, o clausurarla porque es incapaz de financiarse a sí misma. Lo que tendría sentido sería encontrar una fórmula equilibrada y sostenible de financiar con fondos públicos estas actividades necesarias.

Con la misma lupa deberíamos evaluar el sistema de pensiones, teniendo como objetivo primordial la suficiencia de las prestaciones y un esquema de financiamiento que sea sostenible. No autofinanciable, sino sostenible.

Asimismo, es necesario entender que una reforma siempre estará incompleta, porque es sumamente complejo garantizar el bienestar de la población durante su vejez. Este proceso es un camino continuo de análisis y discusión, que no acabará en 2025 y que debe abarcar aspectos dejados a un lado, como la cobertura del sistema y su relación con la estructura económica. Se trata de un debate en el que deben participar protagónicamente quienes son los principales usuarios de la seguridad social: los trabajadores.