¡Legitimar por la vía legal solo disfraza las inconsistencias en las finanzas públicas!

Rebozando satisfacción, después de la aprobación en tercer debate del Presupuesto General del Estado, el titular del MEF celebraba como un gran logro que el Ejecutivo y la mayoría del Legislativo, finalmente, hubieran negociado “los ajustes” que incluyeron “el torpedo” de las contrataciones sin licitación ni concurso de precios, de cuya paternidad se desvinculó, tal vez, por un prurito de vergüenza.

Usando los argumentos, harto falaces que, antes que meritorio, son una sarta de inconsistencias, elogió que al “feliz acuerdo” habían contribuido, en primer lugar, el Ejecutivo con “su flexibilidad” y, en segundo lugar, el consorcio de los diputados que lo aprobaron, conformado por “los aliados” siguientes: RMs, PRDs, CDs, panameñistas, aliancistas, molirenas y populares.

Como los conjurados se salieron con la suya, razón tiene el cabecilla del MEF para estar satisfecho y para auto felicitarse y felicitarlos. Pero que por la vía de la legalización se haya impuesto un Presupuesto plagado de inconsistencias financieras y de notoria inconstitucionalidad, está muy lejos de ser beneficioso para la nación, pues es todo lo contrario.

En abierta y reiterada violación del texto constitucional que, en su artículo 270, expresamente ordena que “En el Presupuesto elaborado por el Órgano Ejecutivo los egresos estarán equilibrados con los ingresos”, con el proyecto original y con el adefesio finalmente aprobado, olímpicamente se lo pasearon.

Si eso es grave, todavía los es más que para resolver el desfase se siga recurriendo a otras dos aberraciones: la primera, fundamentar el desafuero en una norma legal absurda, absolutamente inconstitucional, mal llamada Ley de Responsabilidad Fiscal”. Por ese adefesio financiero, creado para patrocinar “la irresponsabilidad fiscal” se justifica como “financieramente correcto” que los gastos excedan a los ingresos.

El cuento con que se adorna el discurso desorientador es la estimación optimista, pero infundada, de que las recaudaciones sobrepasaran las metas presupuestadas y habrá recursos excedentes para dedicarlos al pago “del servicio de la deuda” que, en virtud de conjuros milagrosos o, por arte de magia, disminuirá. Ese cuento no se lo creen ni los niños de teta. Basta para desnudar esa falacia el hecho, constatable e indiscutible, de que en los dos años que lleva de gestión el actual gobierno, la deuda pública se ha incrementado en más de 11,000 millones.

Para resolver positivamente los déficits fiscales hay tres vías: 1) Recortar el gasto público. Pero cuando los mismos que están supuestos a aprobar su disminución se han auto aprobado aumentarse en más de 100 millones los gastos de funcionamiento del Órgano Legislativo, ¿qué se puede esperar de tanta irresponsabilidad? 2) Aumentar las recaudaciones. Pero ¿cómo puede esperarse que eso ocurra, cuando si algo es clásico en nuestro sistema tributario es el hecho, real y comprobable, de que quienes menos impuestos pagan son los que reciben los mayores ingresos. 3) Mediante una “reforma tributaria”, real y no cosmética. Comprobado, cómo está, que el porcentaje que aportan los ingresos tributarios, comparativamente, disputa los últimos lugares al resto de América Latina, es imperativo no seguir postergando la adopción de una política fiscal que corrija los privilegios imperantes, aumente las recaudaciones y proporcione al Estado los recursos para que pueda hacerse “justicia económica” a los sectores marginados que padecen la anacrónica y ofensiva realidad, cada día más creciente, que ahora, en las jergas de moda se ha bautizado como la “pobreza multidimensional” y que en nuestro país, castiga a más de 35% de nuestra población.

El mamotreto financiero que se acaba de aprobar en la Asamblea, ni de lejos, abre el camino para corregir las vergonzosas desigualdades que son la nota distintiva de nuestro país que, como es archiconocido, también se disputa el nada honroso cetro de registrar una de las primeras y mayores desigualdades económica y social.

El contubernio que sigue imponiendo el derrotero hacia el desastre de nuestras finanzas públicas, para sus patrocinadores y cómplices, por haberlo “legitimado legalmente”, es un triunfo que no se han ocultado para celebrar. Pero esa “legitimación legal”, como desgraciadamente se comprobará, y a muy coro plazo, sigue siendo una conspiración orquestada para tratar de tapar la inconsistencia y falta de coherencia de las finanzas públicas.