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- 29/05/2021 00:00
Para-lelos
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Agrega La Estrella en Google ↗️El uso del concepto “Estado Fallido” es amplio, ha sido usado para “contextualizar y explicar fenómenos tan complejos como la ineficacia gubernamental, vacíos de poder local, violencia regional y falta de resultados en el sistema político”.
En Panamá, todo parece indicar que varios de estos factores del Estado fallido se dan: un Estado en franca descomposición, una institucionalidad maltrecha, falta de credibilidad en los poderes del Estado, Gobierno empresarial e ineficaz, partidos tradicionales en decadencia y ratificadores de las medidas antipopulares del Gobierno, en ascensos escándalos de corrupción, galopante impunidad, una justicia para los ricos y otra para los pobres, pauperización de las condiciones de vida de la mayoría de la población; es decir, un Estado que, entre otras cosas, ha fallado en garantizar el acceso a servicios básicos a su población, un Estado que se ha hecho ineficaz.
Da muestra de “fallido”, porque es incapaz de garantizar la defensa de la vida y los recursos naturales; incapaz de levantar real democracia; incapaz de garantizar el ejercicio independiente de la Justicia; incapaz de frenar al “crimen organizado” y su metástasis en todas las estructuras institucionales; incapaz de ejercer rectoría alguna en materia de democracia comunicacional; incapaz de garantizar el derecho a la educación, al trabajo y salario digno, a la salud, a la vivienda, a la alimentación, a la cultura e identidad nacional.
El carácter “fallido” se ha profundizado en el llamado periodo democrático posinvasión, bajo la tutela del neoliberalismo. Es producto de que la clase dominante le asigna a sus gobernantes proteger la propiedad privada y la ganancia, en detrimento de la vida digna de la población.
Frente a esta realidad, los sectores del poder económico y político han buscado fórmulas para su oxigenación vía reformas a la Constitución (más parches), proceso dirigido a mantener sus intereses de clase, para ello convocaron a la Concertación Nacional, que, en su propuesta, pretendió conculcar derechos de la población. Prácticamente derrotados en sus propuestas de reformas constitucionales dadas por la Concertación Nacional, algunos sectores ensayan el otro mecanismo que han cifrado para mantener sus canonjías, la llamada “paralela”, que es parte de este proceso de “cambiar todo, para que nada cambie (gatopardismo)”.
La Paralela, proviene de un orden ya establecido, es el que realiza las reformas que la Constitución vigente ya prevé o posibilita para que la misma pueda ser modificada. Son modificaciones que solo buscan adecuar el marco legal al nuevo modelo de dominación económica o situación política que impera en un momento determinado. Existe como mecanismo regulado expresamente en la Constitución y limitado (solo está facultado para modificar aspectos específicos de la Constitución).
En este sentido, basta mirar a los actores detrás de la Paralela: políticos tradicionales que no la convocaron cuando fueron Gobierno; seudoindependientes y autodenominados partidos independientes, grupos empresariales (más proclives a reformas, pero que algunos plantean ver la reglamentación de la paralela para asumir posiciones más directas). ¿Estos son los que hablan de recoger firmas para la Constituyente Paralela? Son los mismos que están en el diálogo de “Yo con Yo” en la CSS, los mismos que votan con el Gobierno en la Asamblea, los mismos que apoyan al Gobierno y empresarios contra el pueblo. Para beneficiarlos en este proceso, el Tribunal Electoral permite que se sumen las firmas que logren los diferentes grupos (3 en estos momentos). Como se ve el mecanismo de la paralela es una Iniciativa del “establishment”. En las condiciones actuales será un Circo Para-lelo.
No se engañen. Tal como plantea Frenadeso: “Una Asamblea Paralela escogida con las mismas reglas del juego, el clientelismo permisible y el mismo Tribunal Electoral no hará sino repetir el circo de lo que vemos en la Asamblea actual o peor”.
Insistimos, la única salida real para acabar con la podredumbre moral de las instituciones y lograr una sociedad verdaderamente justa, es seguir acumulando fuerza social organizada, construir poder popular y crear las condiciones para la autoconvocatoria por parte del pueblo de una Asamblea Constituyente Originaria, con plenos poderes, capaz de fundar una nueva república.