Los privados de libertad también son seres humanos

Desde hace un par de meses, Panamá atraviesa una crisis penitenciaria a nivel nacional. Las autoridades encargadas del sistema han limitado, e incluso vulnerado, derechos constitucionales y garantías humanas reconocidas en convenios internacionales firmados por el país. Estas acciones surgen como una medida de represalia ante los recientes enfrentamientos, fugas y actos de violencia registrados en varios centros penales.

Un punto crítico ocurrió el pasado 1 de junio en la cárcel La Joyita, cuando la dirección organizó una supuesta jornada de clasificación y redistribución de reclusos. La actividad derivó en un motín que dejó dos privados de libertad muertos y varios heridos. La falta de control, organización y seguridad permitió la evasión de más de 190 reos, considerada hasta la fecha la mayor fuga en la historia del sistema penitenciario panameño. Este hecho obligó a las autoridades a tomar medidas drásticas, incluyendo la destitución y reemplazo de directores y personal administrativo.

Desde esa fecha, las autoridades administradas por la alta gerencia del Ministerio de Gobierno han tomado medidas que son insalubres, denigrantes e inhumanas. Actualmente hay privados de libertad que padecen de enfermedades crónicas (tuberculosis, VIH, cáncer, osteoporosis, entre otras) y están falleciendo debido a que no se les da la debida atención médica que requieren dichas enfermedades.

Se les han limitado las visitas de sus familiares e inclusive se les limitó el ingreso de alimentos y artículos de aseo; sobre este punto debo destacar que, en una visita que realicé al centro penitenciario La Esmeralda (centro femenino), pude conversar con varias privadas de libertad, las cuales me manifestaron que no les permitían el ingreso de sus artículos de aseo y mucho menos se los brindan allá, e inclusive a las mujeres que están con el período menstrual les facilitaban una sola toalla sanitaria cada dos días, así como también les entregaban una sola botella de agua para todo el día.

Esto sin mencionar que en cárceles como La Joya y La Joyita hay privados de libertad que duermen en el piso sin ropa; la comida se la entregan en pedazos de cajetas o en botellas plásticas partidas por la mitad porque con las últimas requisas les botaron todas sus pertenencias: colchones, cobijas, sábanas y ropa. Esto constituye una violación directa del artículo No.5 de la propia Ley 55 de 30 de julio de 2003, que regula el Sistema Penitenciario, el cual establece lo siguiente:

“Artículo 5. El Sistema Penitenciario velará por la vida, la integridad física y la salud integral del privado o la privada de libertad, de tal forma que se respeten los derechos humanos y todos aquellos derechos e intereses de carácter jurídico, no afectados con la pena o medida de seguridad impuesta en sentencia dictada por la autoridad competente. En tal sentido, se protegerá el derecho a la salud de las personas con trastornos mentales, otras enfermedades y discapacidad, para que no sean discriminadas por su condición” (el subrayado es nuestro).

Para este autor no solo se ha violado el artículo No.5 de la Ley 55, esto va más allá, ya que Panamá, por rango constitucional, es suscriptora de convenciones internacionales, entre las que se encuentra la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada mediante Ley No.15 de 28 de octubre de 1977, en donde dicha convención protege los derechos y garantías fundamentales que tiene todo privado de libertad.

En ese sentido, hago un llamado a la ministra de Gobierno, para que se corrijan dichas violaciones a los derechos humanos, y sobre todo a los jueces de cumplimiento y Defensoría del Pueblo para que verifiquen las condiciones en que se encuentran los privados de libertad, velando así por la vida, salud e integridad física de los privados de libertad porque ellos también son seres humanos.