Ceguera luego de una gestión

Vuelven los empleados públicos a estar en la mira de los nuevos funcionarios que salieron triunfantes en las pasadas elecciones, ellos se sienten atemorizados, y con justa razón ante una eventual separación de sus cargos. Todavía está presente en la memoria de muchos las palabras de aquel que abandonó recientemente el Palacio de las Garzas, el cual, en campaña, anunció que no votarían a ninguno de ellos, pero la suerte que corrieron los más de 75 mil funcionarios que fueron separados de sus cargo dicen lo contrario, según cifras de FENASEP. Es la mayor barrida de la historia de trabajadores en el sector público hasta el momento, cuya número hubiera sido mayor si muchos no se hubieran inscritos en el partido del cambio.

Si retrocedemos en el tiempo esta conducta ha sido invariable y también nos hace constatar lo dicho anteriormente; por ejemplo, los despidos ordenados durante la administración de Ernesto Pérez Balladares fueron de casi 20 mil trabajadores, mientras que en la administración de Guillermo Endara se botaron unos 10 mil. Durante el gobierno del presidente Martín Torrijos fueron destituidos unos 13 mil funcionarios, y durante la administración de Mireya Moscoso, unos 30 mil, acción avalada por la Corte en contradicción con la Constitución, especialmente el artículo 295, que se refiere a la estabilidad de los servidores públicos, la cual debería estar basada en su competencia y lealtad al Estado y no a partidos políticos.

La administración del presidente Ricardo Martinelli botó alrededor de 75 mil funcionarios. Y una de las primeras leyes que aprobó excluyó de un trazo a 30,000 personas de la Carrera Administrativa de manera retroactiva y suspendió la ejecución del sistema hasta 2012, pero nunca volvió a activarla. Esta barrería de empleados estatales no les bastó, pues también acrecentaron el clientelismo político. Veamos, según datos de la Fenasep, en el gobierno del PRD había unos 179 mil empleados públicos, cifra que aumentó el gobierno del CD a 205 mil.

Alma Cortés, exministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, señaló (El Panamá América, 10 de julio de 2014), que el actual presidente ‘Varela está tratando de buscar espacios para poder realizar sus nombramientos de carácter político, a pesar de que durante la campaña le prometió estabilidad a todos los funcionarios. Cortés explicó que al tratarse de violaciones de derechos laborales, se están afectando al mismo tiempo los derechos humanos’. Mientras que Giovanni Ruiz, exdirector de la Carrera Administrativa, opinó en este mismo diario que ‘existe una falta de compromiso por parte de los políticos porque cada cinco años se derogan beneficios obtenidos o aprobados por administraciones anteriores’.

Ambos funcionarios parecen no recordar que la posible receta que les preocupa que será administrada a sus copartidarios es la misma que aplicaron durante su gestión. Pudieron hacer un verdadero cambio eliminando esta práctica como lo vendieron a la población en su momento, pero no lo hicieron. Y aunque es muy temprano para vaticinarlo, parece ser que no variará.

PERIODISTA