Gestión pública y luz cara

Ahora es la electricidad la que golpea el bolsillo de la población. La causa del aumento se atribuye a diversos factores, uno de ellos el aumento en el costo del combustible, que obviamente escapa a control de cualquiera de las empresas en el sector eléctrico, pero otros factores que también inciden en el recién anunciado incremento en la tarifa sí están dentro del ámbito de acción de actores locales.

Un componente importante del aumento en la tarifa responde a los sobrecostos incurridos en la construcción de la tercera línea de transmisión occidente-oriente. Según información provista en un reportaje en TVN, $135 millones corresponden al costo de energía eléctrica que la estatal Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) tuvo que pagar por energía contratada, pero que tuvo que ser botada por no tener a tiempo la capacidad de transmisión requerida. ¿Cómo ocurrió esto? Ocurrió porque la tercera línea de transmisión estaba programada para concluir y estar lista hace años, pero durante la administración del gobierno anterior fue postergada su licitación, lo que resultó en un atraso importante y que ahora tengamos los usuarios que pagar la friolera de $135 millones por electricidad que nunca consumimos, ¿qué le parece?

Este es el tipo de cosas que si ocurren en el sector privado usualmente llevan a que la empresa responsable o sus accionistas tengan que absorber las pérdidas, pero en el sector público, como siempre, las pérdidas son trasladadas a los usuarios o a los contribuyentes o ambos. Son las ineficiencias propias de la gestión empresarial pública. En algún momento tendremos que confrontar como sociedad la realidad de que la gestión pública viene asociada con ineficiencia que al final pagamos todos de una manera u otra, ya sea por la vía de incrementos innecesarios en la tarifa que pagamos los usuarios cuando los sobrecostos son trasladados a estos, o por vía de impuestos, cuando los costos son asumidos por la caja común del gobierno central. Y casi invariablemente, también nos toca a todos pagar el incuantificable pero sustancial costo de oportunidad resultante de la falta de disponibilidad del servicio, que es consecuencia de la ineficacia de la gestión pública, como fue el caso de los apagones que se tuvieron que dar hace algunos años porque no estuvo disponible a tiempo la tercera línea de transmisión y por tanto no hubo manera de hacerla llegar a los sitios de demanda.

¿Por qué es ineficiente e ineficaz la gestión empresarial estatal? Por mil y una razones, pero una de las principales es que necesariamente la gestión empresarial que hace el estado acarrea que las decisiones respondan a criterios políticos, más que a criterios técnicos o necesidades de la ciudadanía y propias del servicio en cuestión. Por ejemplo, en el caso del servicio de agua potable mal provisto por el IDAAN, tenemos una tarifa que no se revisa desde hace más de treinta años. La tarifa no cubre siquiera los costos de operación del IDAAN, mucho menos puede cubrir los costos de inversión que se requieren para ampliar la capacidad tanto de producción como de distribución del agua potable a la población. ¿Qué empresa puede brindar un servicio eficiente así? Se idealiza por movitos demagógicos el derecho al acceso a agua potable como un derecho a tener agua gratis, cuando es evidente que la potabilización de agua y su bombeo para hacerla llegar a la ciudadanía, es un proceso productivo intensivísimo en energía y otros insumos, y por tanto cuesta plata que alguien tiene que pagar. El resultado es la cada vez mayor incapacidad del IDAAN para dar servicio de agua potable a la población.

Muchos políticos defienden la gestión empresarial del estado con el eslogan de 'no a la privatización', precisamente porque eso les da poder para desviar las decisiones que deberían ser técnicas, hacia fines distintos de los que benefician a la ciudadanía. La estatización de empresas de servicios públicos genera rentas a quienes en última instancia controlan en un momento dado las decisiones de dichas empresas.

El Estado es una abstracción y las abstracciones no toman decisiones. Quienes toman decisiones en toda empresa estatal son personas, y como estas no tienen que sufrir en carne propia las consecuencias de sus decisiones, estas tienden a responder a criterios políticos y no técnicos, por más que idealicemos que si eligiéramos a las personas correctas sí se tomarían las decisiones correctas.

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