Enrique Arturo de Obarrio

Noviembre nos invita a recordar los acontecimientos que hicieron posible nuestra República y a reflexionar sobre nuestra responsabilidad con el Panamá del futuro. Honrar la patria no consiste únicamente en celebrar su historia, sino también en fortalecer las instituciones que garantizan nuestra convivencia democrática.

En ese espíritu, corresponde reconocer al presidente José Raúl Mulino por haber colocado la transformación constitucional en la agenda nacional. Es una iniciativa trascendental que merece abordarse con visión de Estado, generosidad política y sentido histórico. Bien conducida, podría constituir uno de los legados institucionales más importantes de su administración.

Panamá necesita revisar sus estructuras institucionales, fortalecer la separación de poderes, mejorar la representación y participación ciudadana, y asegurar que los derechos constitucionales tengan verdadera efectividad. Compartimos decididamente esos propósitos.

La cuestión fundamental es cómo llevar adelante esa transformación de manera democrática, incluyente y jurídicamente segura. Nuestra propia Constitución ofrece una respuesta.

El artículo 314 permite adoptar una nueva Constitución mediante una Asamblea Constituyente Paralela, convocada, entre otras vías, por decisión del Órgano Ejecutivo, ratificada por la mayoría absoluta del Órgano Legislativo. No se trata de un mecanismo restringido a reformas parciales. Permite revisar integralmente nuestra Carta Magna y elaborar una nueva Constitución, mediante un procedimiento que combina representación popular, deliberación y decisión ciudadana.

Como sostengo en mi libro recientemente publicado, La Constitución también señala el camino, transformar nuestras instituciones no debe hacernos olvidar que la propia Carta Magna ofrece mecanismos democráticos para hacerlo, con participación popular y garantías jurídicas.

Lo verdaderamente importante es que esta oportunidad no se diluya ni termine frustrada por diferencias sobre el procedimiento. El país necesita avanzar. Esas diferencias deben resolverse mediante el diálogo y el respeto al orden constitucional, sin abandonar el objetivo compartido de fortalecer nuestras instituciones. No podemos permitir que una oportunidad histórica se convierta en otra aspiración nacional inconclusa.

Por ello, sería oportuno que, al iniciarse la legislatura ordinaria de enero de 2027, el presidente Mulino someta a consideración de la Asamblea Nacional una iniciativa de convocatoria conforme al artículo 314, abriendo la posibilidad de una transformación constitucional con reglas claras y amplia participación ciudadana.

A los diputados correspondería entonces una responsabilidad histórica. Su decisión debería elevarse por encima de cálculos coyunturales, intereses partidistas o diferencias personales, para atender una cuestión que concierne a toda la República y a las futuras generaciones.

Ejecutivo y Legislativo, desde sus respectivas competencias, podrían abrir un proceso cuya legitimidad descanse en el respeto al orden constitucional y en la voluntad ciudadana.

El camino está trazado. Una vez formalizada la solicitud, el Tribunal Electoral debe convocar la elección de sesenta constituyentes dentro de tres a seis meses. Estos representarán proporcionalmente a las provincias y comarcas, mediante postulaciones partidarias y de libre postulación.

Los constituyentes dispondrán de seis a nueve meses para elaborar el texto constitucional. Posteriormente, corresponderá al pueblo aprobarlo o rechazarlo mediante referéndum, celebrado entre tres y seis meses después de su publicación.

Cabría examinar la posibilidad de hacer coincidir ese referéndum con las elecciones generales del 6 de mayo de 2029, siempre que los plazos constitucionales lo permitan. Ello facilitaría aprovechar la infraestructura electoral, con potenciales ahorros para el Estado. Su viabilidad jurídica, técnica y financiera tendría que evaluarse oportunamente, preservando la autonomía de ambas decisiones populares. Pero la participación ciudadana debe trascender el acto electoral. Antes de elegir constituyentes, necesitamos espacios abiertos para identificar las aspiraciones nacionales. Durante las deliberaciones, universidades, trabajadores, empresarios, organizaciones sociales, comunidades, jóvenes y demás sectores deberían contar con oportunidades efectivas para presentar propuestas, intercambiar argumentos y conocer las decisiones adoptadas.

La publicación del proyecto debe permitir una discusión nacional informada, antes de que el pueblo ejerza directamente su soberanía mediante el referéndum. El artículo 314 establece garantías fundamentales: elección popular de constituyentes, plazos definidos y consulta final obligatoria. También protege la continuidad institucional, al impedir efectos retroactivos y alteraciones de los períodos de los funcionarios en ejercicio. Estas previsiones no debilitan la soberanía popular; permiten ejercerla con responsabilidad y certeza jurídica.

No partimos de cero. Nuestra historia constitucional contiene conquistas democráticas que merecen preservarse, junto con instituciones que requieren revisión. Reformar responsablemente significa discernir qué cambiar y qué conservar. Tampoco podemos presentar una nueva Constitución como una panacea. Ningún texto jurídico sustituye la honestidad en la administración pública, la independencia judicial, la educación de calidad, la justicia efectiva o la responsabilidad ciudadana.

La Constitución jurídica debe encontrarse con la Constitución social: aquella que se expresa en las condiciones reales de vida de las familias, sus oportunidades y legítimas aspiraciones. Los derechos adquieren verdadero significado cuando pueden ejercerse y las instituciones cumplen sus responsabilidades.

El presidente Mulino tiene ante sí una oportunidad histórica. Su legado constitucional podría consistir no solamente en haber impulsado este debate, sino en asegurar que el país no pierda la oportunidad de convertirlo en una transformación democrática e institucional efectiva. También la Asamblea Nacional deberá estar a la altura de un momento que podría marcar a varias generaciones.

En este mes de la patria, hagamos de nuestras diferencias una oportunidad para construir acuerdos. Que las discrepancias sobre el camino no nos hagan renunciar al destino compartido de una República más democrática, justa e institucionalmente sólida.

La soberanía reside en el pueblo. La Constitución señala cómo ejercerla. Y corresponde a todos nosotros convertir esa posibilidad en una oportunidad histórica para Panamá.