¿Podemos ser un país minero?

Comienzo esta glosa subrayando la necesidad de que nuestra Asamblea Nacional, inspirada por el necesario sentimiento patriótico que el momento exige, rechace el oprobioso contrato minero, ordenen un nuevo proceso de renegociación, altamente participativo y un plebiscito en el cual todos los panameños y panameñas podamos decidir si podemos y queremos ser un país minero.

Antes de entrar a responder la pregunta inicial, recordemos que, los panameños esperábamos que el Gobierno garantizara nuestra participación efectiva en la revisión y modificación _si fuera necesario_ de lo acordado, para que se cumpliera con nuestras expectativas. Lamentablemente, ese no fue el caso, y se optó _de manera claramente antidemocrática_ por informarnos que no se le haría ningún cambio al contrato minero, creando una plataforma para que solo nos “diéramos por enterados”.

Como era de esperarse, semejante prepotencia de los voceros gubernamentales ocasionó un gran malestar ciudadano que está a punto de llevarnos a una crisis política como la que vivimos el año pasado, ocasionando gran inestabilidad, sufrimiento y pérdidas económicas. Esa crisis que se avecina, será de mayores dimensiones, pues abundan los argumentos legales, económicos y técnicos en contra del contrato minero, y el contexto preelectoral es propicio para debilitar _aún más_ al partido gobernante y sumar votantes para las próximas elecciones, aprovechando además la incapacidad de nuestras autoridades para escuchar el clamor popular.

Pero aún estamos a tiempo de dar un paso para atrás, pararnos firmes frente a la compañía minera _pues no existe basamento legal que les permita demandarnos_, deponer las agendas e intereses, llevar a cabo un plebiscito en el que los panameños digamos si queremos ser un país minero y, si fuera el caso, renegociemos un nuevo contrato que respete plenamente nuestra soberanía, garantice lo mejor posible para nosotros y proporcione _de manera transparente_ beneficios razonables a la compañía minera y sus accionistas.

Dicho anterior, le dedico el resto de esta glosa a ofrecer argumentos que nos ayuden a saber si podemos ser un país minero.

Para comenzar, de acuerdo con los expertos, ser un país minero significa que la minería es una de las principales actividades económicas del país. Esto puede significar que el país posee grandes reservas de minerales, que la minería es una fuente importante de empleo y exportaciones, o que la minería juega un papel importante en el desarrollo económico y social del país.

Ese parece ser nuestro caso, pues poseemos grandes cantidades de minerales de valor económico, como el cobre y el oro; contamos _aunque no es nuestra_ con una empresa minera que cuentan con la capacidad y la tecnología para extraer y procesar minerales; la minería es una fuente importante de empleo, creando puestos de trabajo directos e indirectos en todo el país; esa minería es una fuente importante de exportaciones, generando ingresos para el país y; puede jugar un papel importante en el desarrollo económico y social del país, generando empleo, ingresos y oportunidades de desarrollo.

Pero no todo es color de rosa, pues la minería también tiene impactos negativos en la salud de las personas, es causa de contaminación ambiental y desplazamiento de comunidades. Además, en un país con elevada precipitación pluvial como es el nuestro, el drenaje ácido de minas es un problema ambiental grave que puede causar contaminación del agua y la pérdida de biodiversidad. La lluvia también puede causar inundaciones y deslizamientos de tierra, que pueden dañar las instalaciones mineras y poner en peligro a los trabajadores.

A pesar de ello, los expertos coinciden en que la minería sostenible es posible en países con elevada precipitación pluvial, señalando que las empresas mineras pueden adoptar prácticas sostenibles para mitigar los impactos ambientales de sus operaciones y proteger la salud de las poblaciones circunvecinas.

En ese contexto, si llegáramos a aceptar que los ingresos producto de la minería son necesarios para el cofinanciamiento de nuestro desarrollo integral, hay por lo menos dos condiciones que son indispensables para que ratifiquemos un nuevo contrato con la empresa.

Lo primero es que el Gobierno obligue a la empresa a que respete nuestra soberanía sin ceder ni un milímetro de territorio, y garantizarnos por lo menos el 30 % de las regalías porque somos los dueños del patrimonio. No menos importante es el aseguramiento de una presencia y participación transparente y efectiva de los funcionarios que hagan falta para: supervisar la buena gestión de los diferentes procesos administrativos, garantizando el cumplimiento con los compromisos legales, laborales y de seguridad social y; la vigilancia de la salud del ambiente y de las personas, tanto de los empleados, como de las comunidades circunvecinas a las obras.

Por otro lado, si detenemos la minería a cielo abierto, las preguntas obligatorias son: ¿cómo recuperamos y sanamos el ambiente devastado por la minería?, ¿cuál es la inversión suplementaria para mantener esos miles de empleos que genera esta empresa?, ¿cuál debe ser el rol de la empresa privada y el Gobierno en esa generación de empleos?