De corredores y peajes

Una zozobra cotidiana se impone a la sociedad panameña. Cada día hay algo nuevo y no precisamente positivo. El pasado martes el Gabinete del presidente Juan Carlos Varela ha aprobado la extensión de los peajes de los corredores Norte y Sur por 30 años, en una acción que, además de sorpresiva, contraviene gestiones realizadas por la administración del quinquenio 2009-2014, que había fijado para 2020 el fin de dichos pagos.

Amén del asombro con que ha recibido la ciudadanía la nueva medida, dos situaciones llaman la atención: la inmovilidad ciudadana, pero sobre todo la poca consideración de la administración Varela para con la opinión pública. ‘Va porque va', pareciera ser el mensaje de este Gobierno, en lo que más que una costumbre pareciera un estilo: el ‘poco me importa con lo que diga el país'; ‘soy el que manda', parece indicar el presidente Varela al ignorar si la medida es bien o mal recibida, si la comunidad opina o no, si el ciudadano resulta afectado por tres décadas, o si el Gobierno anterior hizo una inversión y por la cual el país merecería una explicación. Nada ha importado.

Tampoco el servicio deficiente que prestan. Los corredores fueron construido en momentos en que el Estado no gozaba de los recursos que tiene hoy. El Gobierno de Ernesto Pérez Balladares debió recurrir a la figura de la ‘concesión administrativa' para que ICA y PYCSA los construyeran a cambio de que recuperaran su inversión en un plazo de tiempo determinado. El Estado panameño no puso un solo centavo, pero prorrateó los costos mediante el peaje.

La administración Martinelli terminó comprándolos y fijó para 2020 el fin de los peajes. ¿O no? ¿Por qué la prórroga de Varela? Una medida como esa, que conlleva miles de millones de dólares más cargados al ciudadano, que anula la gestión del Gobierno anterior, debería tener una explicación económica que no se ha dado. ¿Por qué asumirla? Y ¿dónde queda la compra de los corredores realizada por Martinelli? ¿Qué es lo que ha pasado? El Gobierno debe explicar, pero no lo hace, no lo cree necesario, no siente esa responsabilidad. ¿Por qué?

En el fondo el único responsable de esto es una comunidad nacional que, a fuerza de golpes y entretenimiento, es incapaz de reaccionar en la defensa de sus derechos. Los culpables son los voceros de una sociedad que ni siquiera en campaña asumen su rol. Para otros temas están prestos a reaccionar, cuando tocan sus intereses de sector o individuales, pero no cuando se trata de un pueblo, dividido hasta el tuétano, desmovilizado y aturdido por temas triviales, en lo que desdice el publicitado eslogan de ‘el pueblo primero'. ¿Quién sabe para qué será el primero?

PERIODISTA