Persiste irrespeto de transnacional minera

Una transnacional irrespetuosa ante un gobierno cómplice, este es el caso de la minera First Quantum Minerals quien a través de una política de enclave minero actúa y decide por encima del fallo de la Corte Suprema de Justicia y de la decisión de un pueblo en las calles que se manifestó a lo ancho y largo del país contra el extractivismo minero.

Nos encontramos ante un enclave neocolonial donde a diferencia de la Zona del Canal, no hay gobernador, ni policía, ni tribunales gringos, pero sí donde las autoridades nacionales, desde el presidente para abajo, están subordinadas a la empresa minera.

A más de dos meses de la declaratoria de inconstitucionalidad del contrato minero FQM en comunicado ha planteado que ahora quiere las 120 mil toneladas de cobre concentrado que le pertenece al pueblo panameño. Igualmente, la empresa pone las pautas del accionar en Donoso, sometiendo a la población de Caimito, amenazando con desalojar a los guerreros del mar. Es decir, quieren retomar el proyecto minero.

Hay que denunciar que el gobierno de Cortizo-Carrizo ha trazado todo un entramado claramente dirigido a beneficiar a la empresa minera, desde la llamada fase de “preservación y gestión segura”. Que busca mantener directa o indirectamente a la minera operando.

Lo que deja claro que una vez más el Gobierno está en desacato, con ello se demuestra los intereses que el gobierno PRD defiende, los intereses de la transnacional minera y sus socios locales, desconociendo el mandato del pueblo panameño.

Por su parte, el vicepresidente y candidato presidencial, que insiste en defender a la minera y que ha planteado mantener el extractivismo, en un medio de comunicación social mencionó que si es necesario reformar la Ley 407 de 2023, sobre moratoria minera, se hará.

En esta misma línea, diversos candidatos a la presidencia de la República en los comicios de mayo de 2024 ya han planteado que la minería se queda. No podemos olvidar que estos han sido parte de gobiernos que refrendaron el contrato inconstitucional y leonino, que provienen de los bufetes de abogados que redactaron el contrato que contenía violación a 25 artículos de la Constitución y a una veintena de normas nacionales e internacionales en materia ambiental. Y que algunos de ellos representan los intereses de los socios locales de la minera o sencillamente sus campañas electorales serán financiadas por la minera.

Así de grave es la situación que nos ocupa y así de mafiosa, entreguista y vendepatria es esta oligarquía que también es accionaria del proyecto minero y que mueve los hilos del poder desde 1903 hasta nuestros días.

El pueblo panameño habló claro: cierre del proyecto minero; desmantelamiento del proyecto y recuperación del territorio sin que sus costos sean cargados al pueblo humilde y trabajador; proteger el ambiente, la biodiversidad; garantizar las condiciones sociales a la población del área; garantizar la salud, el bienestar y la vida del pueblo panameño; respetar nuestra soberanía. La irresponsabilidad de los gobiernos que han permitido el atraco minero, al permitir que la empresa minera no contara con un plan de cierre y rehabilitación detallado que protegiera el territorio y la vida y que garantizara los fondos para el cuidado y mantenimiento a largo plazo del sitio de mina no lo puede cargar el Estado y, por ende, el pueblo. Los daños deben ser financiados con los fondos ilícitos, ante la inconstitucionalidad, de la extracción minera que se llevó la empresa.

El pueblo panameño seguirá en la lucha demandando el cierre definitivo de la minera, la salida de FQM, el proceso ordenado-planificado de desmantelamiento de la mina y la plena participación en la toma de decisiones y fiscalización de este proceso.