Hacia una política de seguridad ciudadana

La antítesis de la seguridad es la inseguridad, de ahí que la percepción de los habitantes es que existe un problema en crecimiento sin control. Ya sabemos que múltiples causas originan la misma: desempleo, carencia de servicios básicos, desarraigados sociales y culturales, falta de cultura y valores, concentración de riqueza en pocas manos, privatizaciones que aumentan costos de servicios públicos, modelos de desarrollo económico y corrupción.

Ahora bien, cuál es la solución que podemos articular, veamos algunas: 1) Realizar una depuración interna de la Policía, para que los habitantes sientan confianza y sean testigos de que la violencia, corrupción y criminalidad se reprimen desde adentro; 2) Integrar a los actores que articularán, ordenadamente, una política de prevención, represión y sanción de los delitos. (Policía, Municipios, Ministerio Público, Poder Judicial, Sistema Penitenciario, ministerios de Salud, Trabajo, Educación, Cultura y Sociedad Civil); 3) Organizar actividades enfocadas particularmente para cada comunidad, buscando que no se sientan agredidas, desconfiadas y enseñando a sus miembros que las armas y la justicia por sus manos no son la mejor opción; 4) Montar campañas publicitarias para acercar a la comunidad en la denuncia de delitos, sean estos cometidos en la sociedad (extorsión, amenazas, contra la Libertad Sexual, contra el Patrimonio) o en privado (violencia intrafamiliar, maltrato a niños, mujeres o ancianos); 5) Adoptar recomendaciones sobre Prevención de la Inseguridad Urbana, provenientes de Organismos Internacionales en lo pertinente y útil en nuestro caso.

En Panamá, así como en el hemisferio, hay países que equivocadamente pensaron que aplicando “ mano dura, aumentos de penas, eliminación de garantías individuales, poniendo límites discrecionales a los jueces e invocando o implantando la pena de muerte ” se resolvería el tema, pero estas acciones han fracasado, porque son reactivas y no proactivas al problema, se van al efecto, pero no a la causa de la inseguridad.

Como han fracasado estas políticas improvisadas y carentes de rigor, urge que el Ministerio de Gobierno y Justicia diseñe una estrategia que convoque a los actores citados, bajo estándares científicos que se cumplan por metas y que les permita ir afinando los ítems. Si no existe un guión previo seguiremos de un yerro tras otro. Es importante tomar en consideración el fenómeno del crimen organizado y la regionalización del delito, pues, se muestra un mayor incremento en los centros de más población. Otro aspecto a destacar es que la lucha contra la criminalidad significa una ventana abierta a la trasgresión y desconocimiento de derechos fundamentales de aquellos sectores sociales más deprimidos económicamente, lo que genera una forma de violencia contra la población y produce un sentimiento generalizado de temor y desconfianza frente a las autoridades encargadas de preservar la seguridad pública.

Se calcula que hay al menos 69 millones de personas en el Continente que no tienen ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias, mientras 185 millones están bajo el umbral de pobreza, lo cual define, en comparación con otros continentes, la inequidad en la estructura de oportunidades, siendo las Américas las que poseen la peor distribución del ingreso en el mundo, algo aterrador.

En la década del 90 el PNUD comenzó a vincular la noción de Desarrollo Humano y la de Seguridad Humana, pues si la primera se afirma en la aplicación de la gama de oportunidades que dispone la gente para ser sujeto y beneficiario del mismo, la Seguridad Humana significa que las personas puedan ejercer esas opciones de manera segura y libre, sobre todo en la confianza en que las oportunidades que tiene hoy no desaparecerán mañana.

*Abogado.opinion@laestrella.com.pa