El barrio de Chualluma en Bolivia, es único en la ciudad de La Paz ya que todas sus paredes están pintadas de colores que resaltan los rostros de las cholas,...
Reconozco la valentía de este gobierno al enfrentar la crisis del sistema de pensiones con el Proyecto de Ley 163. Después de más de una década de inacción —“chifeo”, como decimos en buen panameño— por parte de administraciones, directores y juntas directivas, finalmente hay una propuesta concreta en la mesa.
Sin embargo, aunque considero que este es un paso necesario, la pregunta sigue siendo: ¿Es esta la reforma que realmente necesitamos?
En este artículo, compartiré un análisis de los cambios clave que introduce esta ley, los retos que plantea y los puntos que aún necesitan mayor discusión.
¿Qué propone el Proyecto de Ley 163? Para quienes no han tenido la oportunidad de revisar el texto completo, aquí están los cambios clave que identifico:
• Pensión básica universal: Busca garantizar un ingreso mínimo para personas que no cumplen con los requisitos contributivos. Esta medida promueve inclusión social, pero plantea preguntas sobre su financiamiento y sostenibilidad a largo plazo.
• Fortalecimiento del componente solidario: Define una “Pensión Garantizada Solidaria” para quienes cumplan con los requisitos. Aunque apunta a reducir desigualdades, implica mayores compromisos financieros tanto para el Estado como para los cotizantes.
• Separación de fondos y transparencia en Inversiones: Se enfatiza la necesidad de manejar los fondos de pensiones de forma separada y transparente. Esto incluye asegurar que las inversiones generen rendimientos sostenibles. Sin embargo, aún no queda claro cómo se garantizará la implementación efectiva de este control.
• Reformas paramétricas: introduce ajustes en la edad de jubilación y en la densidad de cuotas necesarias, adaptándose a las realidades demográficas del país. Este tipo de reforma técnica suele ser necesaria, pero rara vez es popular entre la población.
• Integración de beneficiarios de programas sociales: Incluye dentro del sistema a personas que reciben beneficios de programas como “120 a los 65”. Esto refuerza la cobertura social, pero representa un costo adicional que deberá ser financiado.
¿Es suficiente para resolver la crisis? Aunque el Proyecto de Ley 163 propone cambios técnicos importantes, hay que cuestionar si aborda de manera integral los problemas estructurales del sistema de seguridad social en Panamá.
Por ejemplo:
• ¿Cómo garantizar que las reformas sean sostenibles a largo plazo sin aumentar la carga sobre los cotizantes actuales?
• ¿Qué mecanismos se implementarán para evitar el mal manejo de los fondos?
• ¿Es posible equilibrar las necesidades de inclusión social con la estabilidad financiera?
La sostenibilidad financiera del sistema no debería ser el único objetivo. Es crucial considerar si este proyecto realmente protege a los más vulnerables y garantiza el bienestar colectivo.
Sustentos técnicos: Lo que necesitamos saber:
El presidente exigió que todas las propuestas estuvieran respaldadas con análisis financieros y explicaciones detalladas sobre las fuentes de recursos. Esto es fundamental para evaluar cualquier reforma, y el Proyecto de Ley 163 no debería ser la excepción.
Imagina que el profesor te pide que expliques por qué la Revolución Francesa fue importante, y tú solo dices:
“Porque sí, prof., eso lo dicen todos”.
El profesor, obviamente, te dará un uno, la peor calificación posible, porque no presentaste ningún sustento: ni fechas, ni nombres, ni causas, ni consecuencias.
Lo mismo ocurre aquí. El Proyecto de Ley 163 necesita sustentos claros y publicados, no porque el “profesor” vaya a darnos un uno, sino porque debatir sin datos es como construir un edificio sin cimientos.
Algunos de los sustentos que considero indispensables incluyen:
1. Datos demográficos y de la fuerza laboral:
• Proyecciones sobre envejecimiento poblacional y relación cotizantes-pensionados.
• Impacto de la informalidad laboral en los ingresos del sistema.
2. Consideraciones financieras y políticas:
• Escenarios financieros a corto, mediano y largo plazo.
• Estrategias para financiar medidas como la Pensión Básica Universal.
3. Tendencias de salud:
•Análisis del impacto de enfermedades crónicas y el aumento de la esperanza de vida en los costos médicos y de pensiones.
4. Impacto social:
• Estudio de cómo estas reformas afectarán a diferentes grupos sociales, como jóvenes, trabajadores actuales y jubilados.
5. Marco legal:
• Comparación con legislaciones internacionales y análisis de derechos y responsabilidades de todos los actores involucrados.
El Proyecto de Ley 163 pone sobre la mesa un conjunto de propuestas técnicas que abren el debate, pero para garantizar que esta reforma sea la que Panamá necesita, es esencial exigir mayor transparencia y acceso a la información técnica que la respalda.
Porque al final, la seguridad social no es solo un número en un estado financiero; es un pacto colectivo que define el tipo de sociedad que queremos construir.