Reflexiones sobre el cierre de la mina

Lo que más llama la atención sobre el proceso del cierre de la mina, es la parsimonia que ha mostrado el gobierno de turno en la preparación y avance del mismo. Después de un mes del fallo de la Corte Suprema de Justicia, lo único real que ha producido el equipo de gobierno es una hoja de ruta, que se puede definir como un plan para hacer el plan que producirá el plan de cierre. Mientras tanto, ha venido avanzando una campaña sucia que con su narrativa busca, por una parte, mantener la presencia de Minera Panamá en el país, encargándola del cierre de la mina. Mientras, que, por otra, intenta revivir el estilo de desarrollo minero – extractivista.

A está altura debería estar constituida una comisión nacional, con una participación no solo del gobierno, sino también de los sectores sociales y ambientalistas que participaron en la lucha por un Panamá libre de minería, así como por representantes de las comunidades aledañas al sitio minero. Además, este equipo nacional debería estar avanzando en la generación de un conjunto de elementos que, necesariamente, deben preceder a cualquier contratación externa de una firma u organización con experiencia para desarrollar un plan concreto de cierre de la mina.

Se trata, en primer lugar, de la generación de lo que la ICMM llama en su guía “Integrated Mine Closure” la “Visión”, esto es un documento aspiracional de alto nivel, que contenga una descripción básica de lo que la Nación aspira a que sea el resultado de la implementación del cierre de la mina. Es lo que en planificación se conoce como la imagen objetiva, la cual define la dirección básica que debe seguir la trayectoria en el tiempo del objeto sobre el cual se planifica. Como bien lo señala el documento “Mine Closure: A Toolbox for Goverments”, implica, entre otras cosas, tener claro que el proceso de cierre debe apuntar hacia la restauración de la naturaleza impactada por la mina, buscando llevarla a una situación en que se pueda tener un uso sostenible y beneficioso de la tierra en la etapa de post – cierre.

Esto último marca un elemento fundamental del retraso de las acciones gubernamentales. En el muy corto plazo, el gobierno de turno ha sido incapaz de ofrecer la más mínima ayuda a las comunidades aledañas a la mina, así como a las personas desplazadas de sus trabajos. A esto se debe agregar que, pese a que la Universidad de Panamá se ha ofrecido para elaborar un plan alternativo de desarrollo sostenible de las áreas afectadas e impactadas por la actividad minera, lo cierto es que este ofrecimiento no ha recibido un real apoyo del ejecutivo.

Más allá de la Visión (imagen-objetivo), también se debería estar trabajando en los principios-guías básicos, los cuales concreten dicha visión y constituyan el marco de gobernanza que, necesariamente, deberá adoptarse en la elaboración y ejecución del plan de cierre. Esto podría, a su vez, expresarse en los objetivos generales del cierre y sus criterios de éxito.

En el plano de la transparencia de la información, sería obligatorio que la población cuente con un informe detallado de lo que en el documento de la ICCM comentado anteriormente se conoce como la base de conocimiento para el cierre, incluyendo sus carencias. Por ejemplo, debe quedar claro si el estudio de impacto ambiental contiene una línea de base adecuada para establecer los impactos posteriores generados por la minera. ¿Existe información ambiental histórica de los impactos ambientales de la mina? También se debe saber si esta última cumplió con presentar, desde el inicio, con un plan primario de cierre de mina y sí, este, como lo detalla la “Guía Metodológica de Cierre de Minas” de Ana Luisa Morales y Michael Hanteke Domas, publicado por la Cepal, se fue actualizando a medida que avanzaba la ilegal explotación. No menos importante es saber si el Ministerio de Ambiente cumplió a cabalidad con sus obligaciones de regulación y monitoreo.

Todo este atraso genera incertidumbre, suspicacias y dudas sobre cuál es realmente el objetivo del gobierno de turno en relación con la minera. No sería difícil concluir que podríamos estar frente a una estrategia orientada a ganar tiempo, dándole espacio a que la campaña en favor de la minera y el estilo de desarrollo minero – extractivista se desarrollen y ganen fuerza en las futuras toma de decisiones.

La posición de quien ahora dirige el equipo gubernamental, quien ha declarado que es posible que la Nación tenga que asumir al menos una parte del costo del cierre de la mina, a la vez que llama la atención de un posible acuerdo con la minera previo al arbitraje, pueden ser tomadas como una demostración del sesgo pro-mina del actual gobierno.