Rol del servidor público

Nuestra constitución establece que ‘son servidores públicos las personas nombradas temporal o permanentemente en cargos del órgano Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los Municipios, entidades autónomas o semiautónomas; y en general, las que perciban remuneración del Estado’; la descripción de servidores públicos no queda sujeta únicamente a la constitución, porque los mismos se rigen por leyes, reglamentos, decretos y normativas propias del cargo.

Más allá de esta explicación jurídica y del perfil curricular requerido por las dependencias estatales, lo primero que cabe es comprender que ser servidor público implica asumir una función social, que está orientada de manera directa o indirecta al provecho de la sociedad y que debe ejercerse ‘bajo principios de legalidad, imparcialidad, eficiencia, defensa del interés colectivo, honradez y utilidad a la institución, pero sobre todo a la ciudadanía’.

El rol que debe asumir el servidor público es el de la protección y defensa de los recursos estatales, los cuales pertenecen a la sociedad (de la cual ellos forman parte); esa es la tarea fundamental, el no hacerlo es atentar contra el bienestar de la colectividad. Custodiar los bienes públicos exige a los servidores públicos, contar con vacación de servicio, sólidas bases morales, altos estándares éticos, comportamiento intachable, honestidad, transparencia, lealtad a sí mismos y a esa sociedad que está confiando en ellos como guardianes de la cosa pública. Es obligante cumplir con estos requisitos para poder satisfacer ese cometido de servicio a la población.

Independientemente de niveles y la gama de servidores públicos, parece que muchos no han cumplido con las líneas de conductas descritas anteriormente porque en todas las administraciones gubernamentales, y sobre todo en la recién pasada, se han suscitado escándalos de corrupción que cuestan millones al Estado. Así, por ejemplo, en los casos que se investigan por coimas, contratos con sobreprecios, etc., ¿dónde estaban los auditores internos de cada institución y los auditores de fiscalización de la Contraloría que se encuentran en cada institución pública? Al refrendar no se dieron cuenta de lo que estaba pasando? ¿Cómo puede ser posible que ni uno solo haya hecho una denuncia, vigilado, defendido, le haya importado? ¿Será que creen que se debían a quien los nombró, a los partidos, etc.? Hasta me atrevería a preguntar ¿será que la administración pública se ha convertido en una red de corrupción?

Resulta imperativo, particularmente en estos momentos, fomentar que los funcionarios públicos asuman retos para desempeñar eficaz y eficientemente la función pública y que se tome conciencia de que el servicio prestado es sobre todo un compromiso con la ciudadanía, con la patria.

DOCENTE UNIVERSITARIA